LA BATALLA DEL DDT Y OTRAS LIDES ECOLÓGICAS

 

 

La batalla del DDT y otras lides ecológicas

Por Federico Bello Landrove 

A mi nieto Daniel que, a sus doce años, ya se preocupa de estos temas.

 

     Este ensayo tiene dos partes. La primera se dedica a la exposición de lo que, de forma un tanto efectista, titulo “la batalla del DDT” y tiene un enfoque esencialmente químico. La segunda parte trata de diversos casos notables de daño ecológico (contaminación de aguas, consumo de tabaco, etc.) y pretende ser una aproximación a los problemas jurídicos que plantea el combatirlo, basándome sobre todo en la jurisprudencia de los Estados Unidos.

 

 

 

1.      De cómo se convirtió en héroe mundial el producto de un experimento anodino

     Antes de nada, permítanme que les presente al protagonista de este modesto ensayo. He aquí el dicloro-difenil-tricloroetano[1], mucho más conocido entre sus estudiosos y usuarios por el acrónimo DDT. Su tarjeta de visita -la sigue usando pues es todo, menos moderno- les indicará que se trata de un miembro de la extensa familia de los organoclorados, es decir, de aquellos compuestos orgánicos que tienen como nota distintiva el incluir en su composición uno o varios átomos de cloro. En concreto, nuestro DDT tiene una molécula formada por veintiocho átomos, de los cuales catorce son de carbono, nueve de hidrógeno y nada menos que cinco de cloro. Al pie de la tarjeta, el DDT nos manifiesta su carácter artificial, aseverando tajantemente: sustancia química creada en Estrasburgo en el año 1874. La verdad es que, pese a su muy avanzada edad, se conserva con la misma distinción y elegancia de sus primeros tiempos, en la que resalta la sencilla perfección de su simetría, tanto en dos como en tres dimensiones. Veamos la apariencia del gentil estrasburgués en el plano:

     Y a continuación, en un simulacro de presentación volumétrica:

[2]

     Ahora que ya somos capaces de reconocer sobre el papel nuestro compuesto, hagamos un esfuerzo de síntesis para recoger la primera etapa en la biografía del DDT; un periodo que bien podría titularse: Del olvido académico, a la fama mundial.

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      La primera persona que consta sintetizó el DDT fue un vienés nacido en 1850, llamado Othmar Ziedler, quien, concluida su graduación como químico, optó por hacer su tesis doctoral en la universidad de Estrasburgo, la capital alsaciana que, desde tres años antes, había pasado a formar parte del Imperio alemán. Su director de tesis era el afamado profesor Adolf von Baeyer[3] y el objetivo de dicho trabajo académico era puramente teórico: la síntesis de nuevas moléculas orgánicas que contuviesen átomos de cloro y/o de bromo[4]. El hecho es que Ziedler, dos años después de doctorarse, regresó a Viena y pasó a regentar hasta su muerte -acaecida en 1911- una farmacia, profesión a la que también se había dedicado su padre. Así, la síntesis del DDT quedó sepultada en los archivos, sin que de su nacimiento se infiriese por el momento ninguna utilidad práctica.

     Ni este ensayo ni su autor tienen pretensiones científicas. Con todo, no me resisto a recoger unos pocos datos interesantes acerca de la síntesis y las propiedades del DDT. En primer lugar, este compuesto se sintetizó a partir de dos sencillas sustancias ya conocidas en el laboratorio: el cloral o tricloroacetaldehído (CCl₃CHO) y el clorobenceno (C₆H₅Cl), utilizando el ácido sulfúrico (H₂SO₄) como catalizador de la reacción. Los productos resultantes fueron agua (H₂O) -absorbida inmediatamente por el ácido sulfúrico- y el famoso DDT, es decir, el dicloro-difenil-tricloroetano (de fórmula cuantitativa abreviada C₁₄H₉Cl₅). En concreto, se precisaban una molécula de cloral y dos de clorobenceno para producir una molécula de DDT, con liberación de dos moléculas de agua.

     El segundo y último dato que ahora ofrezco acerca del DDT es el relativo a su solubilidad, estado físico y densidad en condiciones normales, por la importancia que reviste, una vez se haya pasado a utilizarlo prácticamente. Es un compuesto soluble en grasas y disolventes orgánicos, pero casi insoluble en agua, que aparece en forma de polvo o pequeños cristales casi inodoros e insípidos, que a temperatura normal de 20^oC apenas se volatiliza, siendo su punto de fusión -es decir, la temperatura en que pasa de sólido a líquido- la de 108/109^oC, casi inalcanzable en condiciones naturales no excepcionales. Su densidad como sólido es muy ligeramente superior a la del agua líquida[5], pero es suficiente para contribuir a su sedimentación en suelos y sedimentos ambientales, facilitando su persistencia.

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     Se está prácticamente seguro de que el DDT de la tesis de Ziedler no fue conocido a través de dicha fuente por quien, sesenta y cinco años más tarde, llegaría a su síntesis por investigaciones independientes, el químico suizo Paul Hermann Müller[6]. Ni siquiera ha podido afirmarse que fuese Müller quien primero descubriese los experimentos de Ziedler en su tesis doctoral. En fin, las cosas tal vez no estén tan claras como las presentó el segundo creador del DDT cuando disertó al respecto en su discurso formal -Nobel lecture- al distinguírsele en 1948 con el premio Nobel[7], por los grandes avances que había propiciado su insecticida en el combate contra ciertas enfermedades contagiosas transmitidas por los hexápodos.

     La verdad es que -como puede decirse con base en el sánscrito, trasladado a España por mediación del caló- el señor Müller se lo había currado, al margen del carácter más o menos independiente y primigenio de su hallazgo del DDT. En concreto, con veintiséis años había entrado como químico al servicio de la gran compañía suiza Geigy[8] en 1925, una industria dedicada principalmente a la fabricación de medicamentos y productos fitosanitarios. En los años treinta, Müller se dedicó a la investigación de nuevos insecticidas que, a su eficacia, aunasen las notas de ser inocuos para las personas, con efectos de larga duración y operativos por simple contacto -es decir, sin necesidad de ser ingeridos por los insectos-. En total, el trabajo le costó unos trescientos cincuenta productos ensayados, hasta dar con el DDT, que reunía supuestamente todas las especificaciones anteriores -salvo la inocuidad para la especie humana, como luego se comprobó- y, además, era fácil de sintetizar y sorprendentemente barato. Algo que no se tomó en consideración era que se trataba de un insecticida de amplio espectro, es decir, que no mataba solo a la especie o especies blanco, sino -se diría con bastante exageración- a todo bicho viviente y, de paso, a muchos vegetales también. El hecho es que Geigy consideró un éxito el producto, tanto para la agricultura, como para combatir enfermedades cuyo vector fuera un insecto, como la malaria, la fiebre amarilla o el tifus exantemático[9]. En consecuencia, en 1940 se registró la patente y se concedieron licencias para su fabricación por otras compañías en casi todos los países avanzados[10]. Quizás el inmediato estallido de la Segunda Guerra Mundial retrasó la publicación del hallazgo hasta 1944[11], cuando ya se había generalizado su uso, ante todo, para desparasitar a los soldados con una eficacia probada y sin aparentes efectos nocivos para los huéspedes. También tuvo indirectamente que ver la guerra con la fulminante eficacia y popularidad del DDT, ya que la iniciativa de emplearlo en Italia del sur para combatir la malaria (1944) parece haber correspondido a autoridades del ejército norteamericano ocupante[12]. Igualmente, la situación bélica pudo contribuir a la rápida extensión del uso del DDT, debido a la necesidad adicional de aumentar la producción de alimentos: De hecho, una de las primeras víctimas de este insecticida fue el escarabajo de la patata -Leptinotarsa decemlineata-.

     Terminaré este capítulo dedicado al periodo heroico del DDT en el año 1948. En dicho año, su segundo descubridor, Paul Hermann Müller, recibió el premio Nobel en Fisiología o Medicina “por su descubrimiento de la alta eficacia del DDT como veneno de contacto contra varios artrópodos”. De manera bastante más expresiva, el profesor sueco von Euler[13], en el discurso de entrega del galardón a Müller, manifestó que: Su descubrimiento… es de la mayor importancia en la historia de la medicina. Gracias a usted, la medicina preventiva puede ahora luchar contra muchas enfermedades propagadas por insectos, de una forma completamente distinta de las empleadas hasta la fecha.

2.      Se entabla la batalla. La doctora Carson. Derrota (?) del DDT

 

     Desde el punto de vista científico, el cenit del DDT lo supuso la concesión a su segundo descubridor, Paul Hermann Müller, del premio Nobel de Medicina en 1948. En un orden más práctico, el citado insecticida tuvo aún una década gloriosa, durante la cual se produjo y utilizó sin tasa ni mayor inquietud, por todo el mundo. Algunas muestras fácticas lo corroboran:

-          El combate contra el paludismo a base de erradicar los mosquitos vectores Anopheles con el DDT, supuso la desaparición de la enfermedad en muchos países (cuenca mediterránea, Bengala, prácticamente en Ceilán) y su enorme reducción en otros (India). En conjunto, se calcula que la disminución de los casos de malaria hasta 1965 podría haber sido de unos seiscientos millones. No se olvide que, en aquel entonces la mortalidad por paludismo era de unos 3,5 millones de personas cada año.

-          El éxito del DDT, tanto como plaguicida vegetal, cuanto para eliminar insectos causantes de enfermedades humanas y de otros animales, estimuló su fabricación en todo el mundo. Se calcula que su producción en los Estados Unidos llegó a suponer unas 40.000 toneladas anuales[14]. Simultáneamente, los laboratorios de las empresas especializadas se entregaron a producir nuevas clases de insecticidas y plaguicidas, con la pretensión de superar en resultados los del DDT, cosa que muy pronto se consiguió en aspectos, como el poder mortífero, la mayor especificidad y la solubilidad en agua, cuestión esta muy importante para emplear el insecticida o plaguicida mediante fumigación aérea. En cambio, el DDT siguió siendo casi imbatible en otras especificaciones, como su permanencia en el medio (no degradándose hasta pasados unos quince años) y su bajo coste, esencial para ser empleado en países de bajo nivel económico (África y Asia, principalmente).

     Con todo, ya en la década de 1950, empezaron a apreciarse fenómenos que podían implicar una cierta crisis en la valoración positiva del DDT. El primero de ellos, de carácter práctico, fue el de la aparición de fenómenos de resistencia al DDT por parte de poblaciones de Anopheles que, en principio, habían sido muy sensibles a las neurotoxinas que contenía el insecticida. La resistencia posiblemente pueda documentarse en los Estados Unidos ya en 1948 (en el valle del Tennessee) y, sin duda, en Grecia, en 1953. En 1958, se detectó resistencia en mosquitos de la especia Anopheles culifacies en la India occidental. Y así, poco a poco, la resistencia al DDT fue generalizándose y siendo estudiada en numerosos países, quizá estimulada por el predominio de ciertas especies del género Anopheles. Hacia 1987, cincuenta y siete especies de dicho género se habían vuelto inmunes a las toxinas del DDT en 62 países, sin que en ello tuviera que ver todavía la prohibición del uso de dicho insecticida, que fue decidiéndose por las autoridades de muchos países, a partir de que en 1972 lo ordenaran las de los Estados Unidos, si bien el veto al DDT suele tener la excepción de su uso contra enfermedades humanas o del ganado doméstico, cuando no haya otra alternativa razonablemente aplicable[15].

     En buena lógica, para pasar de considerar el DDT como una bendición para la humanidad hambrienta y/o doliente, a juzgarlo una sustancia tan nociva -directa o indirectamente- para la especie humana que aconsejara su prohibición, tuvo que haber más, mucho más, que una pérdida de eficacia y confianza en sus efectos letales para los insectos vectores de ciertas enfermedades. Examinemos lo que en efecto sucedió para convertir al DDT, de héroe, en villano. Es una historia en la que el papel de protagonista no puede negarse a esa doctora Carson, aludida en la rúbrica del presente capítulo.

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     No hubo que esperar a la publicación del famoso libro Primavera silenciosa[16] para encontrar ominosas referencias al DDT, como un producto potencialmente peligroso, no solo para el medio ambiente, sino incluso para el hombre, pudiendo hallarse detrás de varios tipos de cáncer como factor carcinógeno. La propia bibliografía de la citada obra -muy abundante para tratarse de un trabajo de divulgación- lo pone de manifiesto. Pero es muy probable que las advertencias de los científicos hubiesen pasado desapercibidas para el gran público -con la inestimable ayuda del esfuerzo de ocultismo, por parte de las industrias implicadas- de no haberse constituido en uno de los puntos cruciales del citado libro, escrito por una bióloga de prestigio, dotada de magníficas cualidades de escritora de divulgación. De aquí que en la batalla contra el DDT se otorgue el protagonismo indiscutible a su autora, Rachel Louise Carson, de quien me parece necesario insertar unas breves notas biográficas en lo atinente a este ensayo.

     Nacida en 1907 en Springdale (Pennsylvania) en un ambiente agrícola fuertemente contaminado por dos centrales electrotérmicas de carbón, estudió biología en la ahora llamada universidad de Chatham, cursando seguidamente un máster en zoología y genética por la universidad John Hopkins. En 1936 fue empleada por Administración Estadounidense de Pesca y Vida Salvaje (U. S. Fish and Wildlife Service), donde sus notables cualidades de escritora de divulgación le sirvieron para dedicarse con preferencia a redactar guiones radiofónicos, folletos y trabajos publicados por la indicada administración. En 1951, publicó El mar que nos rodea, espléndida obra de divulgación, que vendió en un año no menos de doscientos mil ejemplares[17]. Ello dio a la autora la posibilidad de dedicarse en exclusiva a investigar y escribir sobre lo que le interesara. Se trasladó a una casa en Silver Spring (Maryland), un lugar inicialmente paradisiaco, pronto deteriorado por prácticas agrícolas que concienciaron aún más a Rachel Carson en su oposición al uso indiscriminado de pesticidas. A partir de 1958, pese a graves desarreglos de salud, que desembocarían en un cáncer de mama pronto metastatizado pese a la mastectomía, Carson se entregó a la investigación y la lectura exhaustiva sobre los efectos del DDT en el medio ambiente, incluida la salud humana, plasmando inicialmente sus negativas impresiones en varios artículos, publicados en 1960 por la revista semanal The New Yorker. La consiguiente clamorosa polémica -sobre la que luego entraré con algún detalle- animó aún más a Carson a proseguir con la elaboración de su libro, que finalmente vería la luz en 1962, bajo el poético título de Primavera silenciosa. Pese a la enfermedad mortal que la aquejaba -que mantuvo en secreto, para que no se creyera que escribía y opinaba por juzgarse víctima de los contaminantes-, ocupó los dos años escasos que le quedaban de vida a defender su severa censura de la polución química, incluso ante subcomisiones de las dos Cámaras del Congreso de los Estados Unidos. Aún tuvo tiempo, por tanto, de conocer el inmenso éxito de su libro (del que se vendería no menos de un millón de ejemplares en vida de su autora) y el interés y respeto que los políticos empezaban a tomar por sus ideas y mociones, que pronto serían las de millares de científicos en todo el mundo, animados a combatir abiertamente contra otros colegas, imbuidos de la inercia y de los mercantiles intereses de las empresas a las que servían.

     Ahora bien, con independencia de la calidad y la claridad de la divulgación científica de Rachel Carson, ¿qué es lo que hizo tan impactante su libro -al menos, en relación con el uso masivo de insecticidas- y por qué viene siendo considerada durante décadas una de las iniciadoras del movimiento ecologista entre los científicos? Procuraré responder de la forma más sencilla y aceptada posible.

     Dos conceptos suelen considerarse fundamentales y pioneros en la exposición del riesgo/daño ecológico del DDT y otros pesticidas, según recoge el libro La primavera silenciosa; el de permanencia y el de bioacumulación. A tenor del primero, Carson desarrolló la certeza de que muchas de las sustancias químicas utilizadas como pesticidas permanecían en el medio ambiente sin descomponerse durante periodos muy largos. En concreto, el DDT permanece activo y potencialmente dañino durante unos quince años. Fue un vibrante toque de atención para quienes creían -o hacían creer- que la lluvia esparcida en grandes superficies por la fumigación se disipaba tan pronto había cumplido su previsto cometido de acabar con los parásitos presentes en el ambiente en un momento dado. Tal permanencia multiplicaba los efectos negativos inherentes al uso de aquellos productos químicos, haciendo que su potencialidad dañina fuese prácticamente impredecible.

     Más originalidad y repercusión tuvo la acuñación por Carson del concepto de bioacumulación, aunque su explicación era patente y elemental, como basada en la pirámide alimenticia que se establece en todo ecosistema. La afectación -no necesariamente por ingestión- de animales y plantas por un plaguicida introduce en las especies diana una cierta cantidad del producto, que pasará por su ingesta a las especies que se hallen en el siguiente piso de la pirámide, las cuales, al nutrirse con preferencia o exclusividad de los primeramente afectados, asumirán en su cuerpo una cantidad mucho mayor de plaguicida que la incorporada a sus alimentos. Subiendo sucesivamente pisos en la escala alimenticia, cada uno de ellos presentará una mayor concentración del antiparasitario de referencia, hasta llegar a aquellos animales que, por ser superdepredadores u omnívoros, alcanzarán la tasa más alta, seguramente en términos de obvio peligro para su salud o supervivencia. Siendo así, ¿qué otra especie estará más amenazada que el hombre, que puede alimentarse de casi cualquier otro ser vivo, vegetal o animal?

     Esta argumentación impresionante se completó con la idea de indiscriminación, es decir, de empleo de los plaguicidas en tales y tan masivas formas -como la fumigación-, que era inevitable, por principio, que afectasen a los seres vivos, fuesen ellos parásitos, inocuos o benéficos, hablando en términos antropocéntricos. Esta eliminación incontrolada de especímenes y, a la postre, de especies, es lo que Rachel Carson resumió en la palabra que más ofendió a quienes los fabricaban o empleaban: los llamados insecticidas eran, en realidad unos biocidas, es decir, destructores de toda clase de vida. Y, a la cabeza de ellos, se encontraba en aquella época el DDT, por su eficacia, baratura y difusión mundial, por más que ya entonces hubiesen aparecido otros biocidas todavía más fuertes, que resultaban igualmente aludidos y execrados por la autora, la cual vaticinaba para dentro de no mucho tiempo una “primavera silenciosa”, equivalente, en el fondo, al preámbulo de un invierno de la vida sobre la Tierra.

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     Las advertencias ominosas de Carson no habrían sido seguramente suficientes para dotar a su obra de la relevancia que alcanzó. Manejando una amplísima literatura médica, de la que queda constancia en sus referencias al final de cada capítulo, la autora aludió a las evidencias que entonces ya existían de enfermedades humanas provocadas o favorecidas por los productos tóxicos existentes en los insecticidas. Particular relevancia tuvo su exposición de las diversas formas de transmisión de dichos venenos entre unos seres vivos y otros, llegando incluso a apuntar con acierto la posibilidad de que este paso se hiciese superando la barrera fetal, es decir, a través de la placenta materna. Entre las enfermedades que la polución medioambiental y alimenticia provocaban en la especie humana, Carson se refirió a diversas formas de cáncer, a juzgar por las experiencias y estudios estadísticos de numerosos científicos de su tiempo. Ella misma estaba convencida del efecto cancerígeno de los pesticidas, razón por la que ocultó al público su propio cáncer, para que no se creyera que estaba realizando una campaña pro domo sua, es decir, como respuesta a su propio y particular sufrimiento.

Rachel Carson

     Buena conocedora -por sus estudios desde los años treinta- de los avances genéticos, Carson no olvidó referirse a la evidencia, aún incipiente, de que los pesticidas provocasen mutaciones o cambios epigenéticos lesivos para la fisiología humana y de otras muchas especies. Con todo, el estado evolutivo de la genética en su época no estaba lo bastante avanzado como para probarlo en plenitud. El futuro le daría plenamente la razón: Hoy nadie duda de que la polución medioambiental y alimenticia es un factor determinante de cambios genéticos nocivos a todos los niveles.

     Pero, si Rachel Carson alcanzó con su obra la mayor notoriedad, no fue tanto por su lucha contra el DDT y demás plaguicidas de efectos semejantes, sino por haber marcado implícitamente la línea a seguir en lo sucesivo por los científicos -singularmente, los químicos- en sus tareas de aplicación práctica a la sociedad. Hasta entonces, podría parecer que a la ciencia le estaba permitido llegar doquiera que fuese posible, correspondiendo a sus mentores -sobre todo, económicos- el elegir y aplicar los descubrimientos a la vida social a través de la tecnología. Carson llamó a la conciencia de sus colegas, apelando a alcanzar una actividad científica sostenible y responsable, más allá de lo posible y de lo útil economicistamente. Dicho de otro modo: La Química y las demás ciencias debían ser practicadas desde una óptica de prudencia y prevención, evitando el tener luego que lamentarse y tratar de curar lo que ya era de difícil o imposible remedio. Había nacido la conciencia ecológica, como un deber ético que alcanzaba a todos los sectores de la sociedad, empezando por los que poseían el conocimiento y los medios para preservar, a un tiempo, la naturaleza y el bienestar de todos los seres vivos, no solo de los hombres. En el fondo, estaba demostrado que una cosa y otra eran indisociables.

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     El libro Primavera silenciosa vendió en vida de su autora -es decir, entre 1962 y 1964- alrededor de un millón de ejemplares, pero su repercusión y polémica se habían iniciado en 1960, cuando la revista The New Yorker publicó un adelanto del libro. Las evidencias en pro de las tesis de Carson eran tan aplastantes, que sus detractores no tuvieron más remedio que acudir principalmente a argumentos ad hominem y. además, falaces o directamente ultrajantes. Tras unos primeros intentos de ciertas compañías involucradas, particularmente Velsicol[18], para disuadir a la editorial Houghton-Mifflin de que publicase Primavera silenciosa, con apercibimiento de demanda por libelo, aquella y otras empresas productoras de los insecticidas aludidos peyorativamente en el libro iniciaron una campaña de promoción de artículos científicos contrarios a las tesis de Carson, naturalmente bien pagados, aunque sin reflejar este hecho en las publicaciones[19]. Entre los argumentos utilizados contra las opiniones y alegaciones de dicha autora, se encontraban los de ser una científica muy poco versada en los temas que exponía en su libro, siendo su especialidad profesional la biología marina, muy alejada de los temas relativos a la química de los insecticidas y a la medicina. Así mismo, se la tachaba de exagerada y alarmista, al elevar meras hipótesis o daños menores y controlables, hasta un nivel catastrófico. También se la reputaba parcial, al ignorar los grandes beneficios que los insecticidas estaban prestando a la salud humana y la producción agrícola, considerándose ilusoria la alternativa que ofrecía en su libro: la de emplear la llamada guerra biológica, o empleo de especies inocuas para parasitar o combatir a las nocivas, cuestión esta en que Carson también fue una de las pioneras en sugerirla[20].

     No menos perjudicial resultó la reacción de los políticos de la administración Eisenhower, encabezados por el secretario de Agricultura, Ezra Taft Benson[21], que, llevados de su anhelo de elevar al máximo la producción de alimentos por los Estados Unidos, no dudaron en denigrar a Carson con torpes insinuaciones sobre su soltería y falta de hijos[22], y colocando sus razones entre el histerismo y las inclinaciones comunistas, nada de lo cual tenía un mínimo fundamento. Afortunadamente para Carson, la administración Kennedy, que tomó posesión en enero de 1961, acogió con interés sus tesis ecologistas[23], como también lo hizo, de manera muy singular, el senador por Wisconsin, Gaylord Nelson[24]. Consecuencia de ello fue que Rachel Carson fuese llamada para testificar ante varios comités del Congreso de los Estados Unidos en 1963, cuando su Primavera silenciosa llevaba alrededor de un año en las librerías y ella misma se encontraba padeciendo un cáncer terminal. Su testimonio, sencillo y fundamentado, impresionó muy favorablemente a senadores y representantes, haciéndoles abandonar la suposición de encontrarse ante una autora alarmista y poco cualificada. Sus peticiones más importantes -control estricto de las fumigaciones aéreas; reducción y eventual eliminación de los plaguicidas persistentes; impulso de métodos no químicos de control de plagas; investigación independiente de los efectos de los pesticidas- las fundamentó de manera novedosa en un derecho cívico a considerar: el de todo ser humano a gozar de un medio ambiente limpio y seguro, cualesquiera que fuesen las justificaciones económicas o políticas que se aportasen en contrario. Su intervención coincidió con las conclusiones del Comité asesor científico presidencial sobre pesticidas, consolidando la idea de que habría que institucionalizar una política ambiental federal, con un giro regulatorio que implicase el establecimiento de restricciones crecientes sobre el uso del DDT y otros productos similares.

     De esta suerte, al producirse su fallecimiento el 14 de abril de 1964, Rachel Carson había sentado las bases científicas y éticas para una nueva política conservacionista, en los Estados Unidos y por doquier. En particular, la década siguiente sería fértil en avances en pro del medio ambiente, entre los que destacan para la república norteamericana los siguientes:

-          La promulgación de las primeras leyes generales, encaminadas a la protección del medio ambiente, como la del aire limpio, la del agua limpia y la de protección de las especies en peligro[25].

-          La creación -ya solicitada por Carson en 1963- de una agencia federal independiente, encargada de velar por la protección medioambiental, con amplios poderes y presupuesto propio para su actuación[26].

-          La promoción de una conciencia activa universal para proteger el medio ambiente, como base de la continuidad satisfactoria de nuestra especie sobre la Tierra, en unión de todas las demás. Su certificado de nacimiento fue la celebración del primer Día de la Tierra en 1970, con la participación efectiva de unos veinte millones de estadounidenses[27]. La idea fue luego acogida a escala mundial, recibiendo el refrendo oficial de la ONU en el año 2006.

-          La prohibición en Estados Unidos del uso del DDT llegó en el año 1972, salvo para usos muy restringidos, como la prevención de la malaria en áreas deprimidas en que sea endémica. Sucesivamente, la prohibición de este insecticida se extendería por todo el mundo. En España se vedó su uso como plaguicida agrícola en 1977 y -siguiendo las directrices de la Unión Europea- en 1994 se extendió la prohibición a toda clase de usos, incluso los domésticos.

(Fotografía original de Rolling Stone)

     En consecuencia, puede sostenerse que, salvo excepciones válidas tan solo para combatir graves enfermedades epidémicas en países poco desarrollados[28], el DDT pasó de héroe a villano en unos veinte años y unos diez años más tarde se inició su rápida erradicación, que irá para siempre asociada a la obra de Rachel Louise Carson…, pese a lo cual su augurada primavera silenciosa sigue estando más próxima a cada año que pasa.

 

 

3.      El Derecho y los tribunales entran en acción (1ª parte)

 

      Todavía en vida de Rachel Carson se produjeron una serie de hechos notorios que evidenciaron la preocupación por los problemas ecológicos y la reacción no siempre moral de las empresas involucradas al recibir las críticas desfavorables de los científicos. Veamos tres de estos hechos.

     La decisión precursora del gobernador Gaylord Nelson. En su periodo de gobernador del estado de Michigan (1959-1963), Nelson[29] implementó un impuesto al tabaco vendido en su estado, con el propósito de financiar actividades que de algún modo compensaran los daños causados por el consumo de dicha droga, llegando a adquirir con la recaudación de tal impuesto 715.000 hectáreas de parques naturales y a crear mil empleos verdes en actividades de conservación. En el capítulo 5 veremos hasta qué punto se desarrolló luego dicha idea, haciendo a las compañías tabaqueras partícipes forzosas en actividades sanitarias, invirtiendo en ello parte de sus beneficios empresariales.

     La campaña contra científicos críticos con los pesticidas clorados. En los Estados Unidos y en otros países continuaron las posturas intransigentes de las compañías productoras de insecticidas criticados por los científicos, tratando de impedir la libre expresión de las opiniones de estos mediante la amenaza de acciones judiciales, a veces, con el apoyo de las administraciones públicas. Esta tensión entre la libertad científica y la defensa a ultranza de intereses económicos se prolongó bastante más acá del año 1964, en que falleció Rachel Carson. Uno de los casos más notables de ello tuvo lugar en Australia, afectando al profesor Clyde Manwell, catedrático de zoología de la universidad de Adelaida.

      Manwell, en unión de su esposa, remitió en 1971 una carta al diario adelidense, The Advertiser, censurando la masiva fumigación aérea que se estaba llevando a cabo para combatir la mosca de la fruta mediante insecticidas órganoclorados[30]. Posteriormente, el profesor Manwell sostendría sus tesis de manera más detallada y técnica en las revistas Search y Philosophy Social Action. Sus conclusiones levantaron una oleada de críticas, basadas en razones economicistas -productividad agrícola- y de falta de pruebas científicas. En tal campaña jugaron un importante papel las empresas fabricantes de tales insecticidas, diciéndose que fue la compañía Velsicol -una vez más- la más beligerante. Con todo, dichas industrias tuvieron el malicioso acierto de implicar a nivel de protagonista a la administración del estado de Australia del Sur[31], que llevó a cabo una labor de presión corporativa que estuvo a punto de acabar con el despido de Manwell de su puesto docente.

     La resistencia de la universidad de Adelaida evitó in extremis el cese del profesor, pero otras autoridades no tuvieron análoga energía: En concreto, las que decidían sobre la concesión de becas y subvenciones a la investigación -el Australian Research Grants Committee- cancelaron las de Manwell y no las reanudaron ni siquiera cuando a lo largo de la siguiente década el debate en Australia, avivado por incidentes dañosos y problemas de salud, condujo, primero, a la restricción de las fumigaciones y, finalmente, a la prohibición de varios de los productos empleados en ellas.

     El caso Murphy v. Butler en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. La irresponsabilidad medioambiental previa a los años sesenta llevaba a las autoridades estadounidenses hasta extremos de despreciar, no ya la salud de sus compatriotas, sino el propio derecho de propiedad inmobiliaria. Así, se autorizaban fumigaciones aéreas que podían afectar a los dueños de tierras, sin pedirles su autorización ni garantizarles compensación alguna. Eso fue lo que sucedió en los años cincuenta en la isla neoyorkina de Long Island cuando, en el curso de una campaña del programa contra la polilla lagarta[32], fueron dañosamente afectados cultivos y jardines por los antiparasitarios empleados. Una serie de perjudicados, encabezados por un tal Robert Cushman Murphy, presentaron una demanda contra el señor Butler, supervisor de área del departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Desestimada la reclamación por los tribunales competentes -incluido el de Apelaciones del Segundo Distrito-, el caso Murphy v. Butler[33] fue elevado al Tribunal Supremo federal, argumentando que la acción gubernamental recurrida privaba injustamente de la propiedad, sin compensación ni proceso adecuado.

     El Tribunal Supremo, en resolución de 28 de marzo de 1960, desestimó la demanda por entender que el caso estaba caducado (mootless), al no tratarse ya de una controversia viva, toda vez que la fumigación había concluido y era sumamente improbable que se repitiese en el mismo lugar. Contra esa opinión mayoritaria se alzó el voto discrepante del juez Douglas[34], justificada en el hecho de que el caso seguía teniendo relevancia pública pues había a la sazón no menos de diez estados afectados por fumigaciones masivas con DDT y otros pesticidas similares, con el consiguiente riesgo para la propiedad y la salud. Ello daba al caso relevancia pública, debiendo haber obligado al Tribunal Supremo a pronunciarse sobre la práctica de las fumigaciones masivas sin acordar compensación adecuada para los afectados.

     El voto discrepante del juez Douglas no tuvo efecto inmediato, pero sí sentó las bases para la reforma de la ley federal de insecticidas de 1947, llevada a cabo en 1964. Conforme a tal reforma, el departamento federal de Agricultura quedaba autorizado para suspender o cancelar los registros de pesticidas cuando fuere preciso para prevenir “peligros inminentes para la salud”. Dicha facultad pasó a la EPA (Agencia de Protección Medioambiental) al ser creada en 1970.

     Un caso decisivo: la limpieza del río Cuyahoga. El río Cuyahoga fluye por el estado de Ohio a lo largo de unos 160 kilómetros, hasta desembocar en el lago Erie, tras pasar por las ciudades industriales de Akron y Cleveland. Desagradable ejemplo durante décadas de la mayor contaminación, tanto urbana como industrial, era famosos los episodios de incendio accidental de sus aguas, como consecuencia de la gran cantidad de residuos inflamables que flotaban sobre su caudal. Uno de los peores se produjo el 22 de junio de 1969, con la novedad respecto de los anteriores -como uno, quizá más grave, en 1952- de que entonces ni las autoridades ni los ciudadanos estaban dispuestos a sufrirlo resignadamente, como si fuese una consecuencia inevitable de la actividad industrial. De inmediato, se asumió la decisión de recaudar fondos para conseguir la limpieza de las aguas y que no volviese a surgir su contaminación. Era esto un primer paso, que acabaría costando a las administraciones municipales, estatal y federal no menos de ocho mil quinientos millones de dólares, hasta recuperar el río, incluso, para actividades pesqueras, de baño y recreativas. Pero habría más: Ya estaba bien -se opinó- de que los paganos fuesen los ciudadanos en general, cuando la responsabilidad y el beneficio por la actividad contaminante correspondía a las empresas que ensuciaban las aguas. Es a partir de aquí cuando el caso del Cuyahoga se convirtió en el acicate para una verdadera revolución social y jurídica en todos los Estados Unidos.

     El incendio del Cuyahoga en 1969 fue determinante para el contenido y aprobación de la Ley del Agua Limpia (Clean Water Act) de 1972. En lo que interesa para este ensayo, las principales formulaciones recogidas en dicha ley y en las disposiciones que la desarrollan son las siguientes:

-          Las autoridades competentes (locales, estatales, federales), además de poner el dinero preciso para atender sus deberes ecológicos, están obligadas a adoptar respecto de las personas y empresas contaminadoras cuantos controles, sanciones y reclamaciones indemnizatorias sean precisos.

-          En consecuencia, la reparación del daño ecológico, así como su necesaria prevención, no se harán solo por la vía de los impuestos y las tasas públicas, sino de las fianzas, avales e indemnizaciones que correspondan a los reales o probables contaminadores, en proporción adecuada a los riesgos y daños que puedan causar o, de hecho, hayan provocado.

-          Para cada paraje o zona de relevancia medioambiental, la administración elaborará un censo de personas y empresas potencialmente responsables de eventuales daños ecológicos (potentially responsable parties), que aportarán una cantidad preestablecida, como contribuyentes a un fondo general común (serán sponsors de un Superfund), al que también contribuirán las administraciones federales y no federales involucradas.

-          Tendrán la consideración de responsable parties los propietarios actuales del emplazamiento desde el que se haya liberado el agente contaminante; los anteriores dueños, si hubiesen dejado contaminada su propiedad al enajenarla; los generadores de sustancias peligrosas o contaminantes que hayan gestionado su traslado hasta el lugar que resultare contaminado, así como los intermediarios y transportistas (arrangers and transporters) que hubiesen elegido el terreno o realizado el transporte de los contaminantes.

-          Todas las partes responsables tendrán una responsabilidad directa y solidaria, de modo que no podrán escudarse para evitar o minorar su responsabilidad en el hecho de que haya otro u otros que también deban responder. Solo después de haber hecho frente a la indemnización podrán reclamar de otros responsables la parte que por ellos hayan pagado, conforme a la regla solve et repete, es decir, primero paga y luego reclama.

-          Las personas o empresas contaminantes habrán de hacer frente al daño causado, con independencia de su malicia o negligencia al producirlo. Se trata de la responsabilidad objetiva plasmada en el axioma el que contamina paga. Solo la responsabilidad criminal o las llamadas indemnizaciones punitivas -de las que trataré en el capítulo siguiente- admiten eficazmente la alegación de que se actuó sin dolo ni culpa por la parte responsable.

-          Finalmente, en los casos en que no se encuentre a un responsable, o este haya quebrado, la ley utiliza un fondo de dinero, el Superfund, originalmente financiado por impuestos o por las industrias más fuertes y contaminantes, para pagar las labores de saneamiento.

     Toda esta estructura de protección medioambiental viene sustancialmente regulada desde el 11 de diciembre de 1980 (época de la administración del presidente Carter), a través de la CERCLA, siglas en inglés de la Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act (Ley Integral de Respuesta, Compensación y Responsabilidad Ambiental).

 

 

4.      El Derecho y los tribunales entran en acción (2ª parte)

  

     La contaminación del agua potable en Woburn (caso de A civil action). El camino hacia una indemnización suficiente de las víctimas por contaminación ha estado sembrado de obstáculos, situación que no siempre ha mejorado legalmente, o en la práctica, según ha ido pasando el tiempo. Un caso muy conocido que prueba esta consideración fue el de Anderson v. Cryovac, en el que se sustanció la reclamación de varias familias avecindadas en Woburn (Massachusetts), contra dos importantes empresas a las que consideraban responsables de la contaminación del agua supuestamente potable que consumían, la cual había ocasionado, según los demandantes, varios casos de leucemia infantil y otras enfermedades. La demanda se sustanció ante tribunal de instancia con jurado a lo largo del año 1982, concluyendo con la condena de una de las entidades demandadas (W.R. Grace & Co.) y la absolución de la otra (Beatrice Foods Inc.), llegando finalmente los litigantes al acuerdo de que la empresa condenada indemnizase con un millón de dólares a cada una de las ocho familias que habían sostenido su demanda hasta el final, bajo el asesoramiento conjunto del abogado bostoniano, Ian Schlichtmann. El caso sería popularizado, años después, mediante un libro y una película que llevaban el mismo título en inglés: A civil action[35].

     Este caso es un excelente ejemplo de varias de las dificultades con las que se tropiezan quienes pretendan una indemnización por daño ecológico. Entre ellas, podemos señalar las siguientes:

-             Las dificultades probatorias a la hora de determinar la autoría de las acciones u omisiones causantes del daño, así como la determinación de la relación de causalidad cuando hay dos o más personas físicas o jurídicas implicadas en las mismas o concomitantes actividades. En el caso que nos ocupa, pudo finalmente determinarse que la demandada, W.R. Grace, había sido responsable de que llegasen al agua potable productos residuales altamente peligrosos, pero Beatrice Foods logró ser absuelta, escudándose en las malas prácticas de la codemandada y en la necesidad de que las pruebas superaran el estándar de duda razonable. En suma, se eludió una condena conjunta gracias a no aplicarse el principio de solidaridad que impondría la ya citada CERCLA a partir de su entrada en vigor, posterior a los hechos objeto de este juicio[36].

-          La gran cantidad de dinero que supone la investigación y la aportación de las pruebas y peritajes que pueden permitir la consecución de una condena. No se olvide que, como mera acción civil, no puede contarse con la intervención del fiscal, ni está asegurado el apoyo de la Agencia de Protección Medioambiental (EPA), en la medida en que se trata de obtener indemnización para personas concretas, no para restaurar el medio ambiente[37]. Este relativo desamparo económico de los demandantes no tiene remedio legal hasta que el juicio acaba con su triunfo, momento en que su compensación suele incluir la condena en costas de los demandados. En los Estados Unidos es lo habitual que los abogados corran con los gastos de investigación a cambio de un alto porcentaje (treinta o cuarenta por ciento, por ejemplo) de la indemnización que finalmente se consiga, no cobrando a sus clientes, si el juicio concluye con la desestimación de la demanda.

-          La gran dificultad de probar en muchas ocasiones la relación de casualidad entre la contaminación ambiental y el daño personal o material alegado. En el caso de Woburn resultó muy problemática la conexión de los casos de cáncer con los productos detectados en el agua potable[38]. Finalmente, el esfuerzo resultó exitoso -en lo que a la empresa W.R. Grace respecta-, para lo que opino que fue determinante el que el juicio de hecho corriese a cargo de un jurado que, en general, resuelve con menos preocupación por el favor de la duda de lo que lo hace un tribunal profesional.

     Curiosamente, el caso de Woburn tuvo una continuación, ya ligada a la actuación de la EPA y a la aplicación del sistema de Superfund, sobre el que escribí en el capítulo anterior. Es lo cierto que la Agencia recibió un envío anónimo por correo, que contenía toda la documentación que el abogado Schlichtmann había acopiado para defender el caso[39]. La acción subsiguiente de la EPA provocó un acuerdo histórico con las dos empresas implicadas, que supuso el abono por ellas de una cantidad total de 69,5 millones de dólares[40] para la limpieza de los pozos de agua contaminados y de las propiedades circundantes. W.R. Grace pagó 47,7 millones y Beatrice Foods -absuelta en el juicio precedente- 21,8 millones.

        Los grandes acuerdos indemnizatorios (el caso de Hinkley, California). Este caso fue el primero en que intervino la famosa promotora e investigadora en litigios medioambientales, Erin Brockovich[41], dando lugar a la famosa película que lleva su nombre. En los registros judiciales es conocido como Anderson et al. v. Pacific Gas & Electric. Esquemáticamente, puede relatarse así:

     A través de las abundantes reclamaciones médicas procedentes de Hinkley (California)[42] que recibía la aseguradora para la que trabajaba Erin Brockovich, esta entró en sospechas de que hubiese algún contaminante ambiental en la localidad. Sus averiguaciones, iniciadas hacia 1991, llegaron a la conclusión de que la empresa Pacific Gas & Electric estaba contaminando el agua del pueblo al verter, desde su fábrica aledaña, importantes cantidades de un elemento químico residual altamente tóxico: el cromo hexavalente. Las enfermedades que dicho contaminante presuntamente causaba eran muy variadas: diversos tipos de cáncer; dificultades reproductivas y esterilidad; afecciones respiratorias y dermatológicas. En 1993, Brockovich y el letrado Ed Masry, tras abundantes contactos con las gentes de Hinkley, presentaron una reclamación colectiva contra Pacific Gas & Electric, con la habilidad de utilizar un procedimiento que evitase de entrada el litigio con un jurado, intentando en cambio llegar a un arbitraje extrajudicial obligatorio, bajo supervisión judicial[43]. La investigación y las ulteriores negociaciones se desarrollaron despaciosamente, hasta 1996, concluyendo con el acuerdo de que cada uno de los de 654 demandantes percibiría medio millón de dólares[44], acordándose para la señora Brockovich el abono de 2,5 millones por su trabajo[45]. En total la cantidad desembolsada por la empresa Pacific Gas & Electric fue de 333 millones de dólares, la mayor acordada en los Estados Unidos hasta entonces por daño ambiental. Posteriormente, la citada empresa cerraría sus instalaciones en Hinkley y la EPA procedería a sanear la zona, reparando el daño ambiental a costa de la sociedad implicada.

Erin Brockovich

 

     Este caso merece ser considerado, en primer lugar, por mostrar la permeabilidad del sistema americano por la vía de la mediación, conforme al conocido axioma de que “vale más un mal acuerdo que un buen pleito”; tanto más, si el acuerdo no es malo y ahorra gran parte de los medios y del tiempo que llevaría la judicialización del caso. Pero también la parte demandada obtuvo grandes beneficios inmateriales: No tuvo que declararse culpable de la contaminación, ni de haberla ocultado a sabiendas durante años -como efectivamente se comprobó-, ni las pruebas existentes contra ella fueron divulgadas, sino que se les aplicó la cláusula de confidencialidad, es decir, los violadores del secreto perderían lo conseguido gracias al acuerdo. Por último, es llamativo el criterio del café para todos, estableciendo la misma indemnización para todos los demandantes, sin excluir o mejorar a nadie, lo que supone el menosprecio de los conceptos de causalidad y proporcionalidad, en beneficio del de simplicidad del laudo arbitral -algo que resultaría impensable en el caso de una sentencia obtenida contradictoriamente-.

     El combate ambiental llega a España: el caso de la presa de Aznalcóllar. El 25 de abril de 1998, la rotura de una gran balsa de residuos tóxicos de las minas de Aznalcóllar (Sevilla), cuya concesión tenía la compañía Boliden-Apirsa[46], provocó el vertido de unos seis millones de metros cúbicos de agua y lodos con metales tales, como arsénico, cadmio y plomo, que fueron a parar al río Guadiamar -afluente del Guadalquivir-, llegando a amenazar el parque nacional de Doñana. La catástrofe generó un daño ecológico masivo, contaminando gran cantidad de suelos y aguas, requiriendo de labores de limpieza urgentes y muy costosas.

     A raíz de este grave incidente ecológico, se ha desarrollado una serie de acciones encaminadas a aclarar quién y cuánto debería pagar por restaurar el medio ambiente y, en su caso, dilucidar las responsabilidades penales inherentes al caso[47]. Esta es la fecha (principios de 2026) que algunas de las reclamaciones y pleitos no están definitivamente resueltos o, al menos, son susceptibles de nuevos recursos o de replanteamientos; un aspecto del caso que hace relativamente provisional y poco gratificante la exposición de este apartado de mi ensayo. Ahora bien, ¿cuáles son las principales razones para que el caso de Aznalcóllar lleve tantos años dando tumbos por los tribunales? Recordaré cuatro:

-          Las discusiones acerca de la jurisdicción competente para resolver los litigios -¿civil o contencioso-administrativa?-.

-          El debate sobre la legislación aplicable en materia de responsabilidad por el vertido de autos: si ha de ser la legislación histórica española -Ley de Minas, Código Civil-, o la entonces nueva normativa de la Ley de Responsabilidad Medioambiental.

-          El reparto de responsabilidades entre Boliden-Apirsa y otras empresas, encargadas de la construcción y mantenimiento de la presa que sufrió la rotura, jugando con la base de que procedería, si acaso, un reparto de los deberes indemnizatorios sin solidaridad -es decir, sin aplicación del principio solve et repete, que ya vimos en el capítulo anterior-.

-          La total irresponsabilidad de la multinacional Boliden por los daños causados por su filial, la española Boliden-Apirsa, a la que le faltó tiempo para declararse en quiebra, tan pronto fue demandada por una muy cuantiosa cantidad por la Junta de Andalucía. Téngase en cuenta que, formando parte Suecia y España de la Unión Europea, cualquier subterfugio de tipo nacionalista debería sufrir el rechazo de las instancias comunitarias.

     El hecho es que la Junta de Andalucía ha visto rechazadas hasta ahora (enero de 2026) sus reclamaciones de unos 90 millones de euros por la limpieza de la contaminación derivada del caso Aznalcóllar[48], como también Boliden-Apirsa vio desestimadas sus pretensiones de que las empresas constructoras de la presa rota asumieran responsabilidades por el vertido[49]. En efecto, aunque el órgano judicial sea del más bajo nivel (un juzgado de primera instancia: en concreto, el número 11 de Sevilla), su sentencia de 28 de julio de 2023 ha cerrado definitivamente -que yo sepa- los intentos de la Junta de Andalucía para reintegrarse de lo pagado, repercutiéndolo en Boliden, por la razón cronológica que ahora expondré.

      En efecto, el principio el que contamina paga fue introducido en la legislación española por la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, que entró en vigor el 1 de diciembre de dicho año. Esta ley resulta de la transposición de la Directiva 2004/35/CE, de la Unión Europea, e instaura un régimen administrativo de responsabilidad civil objetiva e ilimitada para operadores de actividades peligrosas (Anexo III de dicha ley), obligándolos a prevenir, evitar y reparar daños a recursos naturales sin necesidad de probar culpa, asumiendo así los costes por el mero hecho de dedicarse a una actividad peligrosa definida legalmente. Ahora bien, producido el incidente de Aznalcóllar mucho antes de la entrada en vigor de las normas que fijaban la responsabilidad objetiva, se entiende judicialmente que aquellas no son aplicables al caso, el cual deberá resolverse mediante las leyes vigentes en abril de 1998, al ser más favorables para el responsable.

     El cualquier caso, si se trata de fijar responsabilidades criminales, no rige en materia de responsabilidad penal la objetividad de la Ley 26/2007. Así lo entendió la audiencia provincial de Sevilla en 2001, confirmando el sobreseimiento acordado el año anterior por el juzgado de instrucción de Sanlúcar la Mayor: Los directivos de Boliden-Apirsa inculpados por el caso de Aznalcóllar no fueron acusados, por entenderse que la rotura de la presa fue un fallo de ingeniería imprevisto, que no implicaba el dolo ni la negligencia de los encausados[50]^,[51].

     Indemnizaciones punitivas o disuasorias. En el Derecho anglosajón de daños, reciben el nombre de indemnizaciones punitivas (o daños punitivos: punitive damages) las compensaciones suplementarias que, más allá del valor de los daños y perjuicios sufridos, reciben las víctimas de estos cuando sus responsables han actuado de manera maliciosa o con una negligencia de gravedad muy por encima de lo habitual (la llamada reprehensible conduct). Dichas compensaciones más allá de lo probado pueden calificarse también de disuasorias, toda vez que persiguen un objetivo preventivo o de futuro: el de que el culpable actual y los posibles culpables futuros se abstengan en delante de observar conductas tan antisociales. De todos modos, no todo en estas indemnizaciones es de tono sancionador o preventivo pues también se persigue un objetivo de justicia: El de que nunca compense económicamente al infractor haberse comportado como lo hizo; es decir, que, después de pagada la indemnización, todavía le haya salido rentable la conducta reprobable. Es un caso más de la sana y nunca alcanzada pretensión de que el criminal nunca gane (crime doesn’t pay).

     La clave procesal de estas indemnizaciones es que el juicio en que se acuerdan sea resuelto por veredicto de un jurado, quien habrá de decidir, con arreglo a las pruebas practicadas, si la parte demandada ha incurrido en reprehensible conduct y, de ser así, los jurados fijarán la cantidad adicional en favor del demandante, a mayores de la indemnización objetiva de daños y perjuicios.

     La libertad de que inicialmente gozaba el jurado para determinar la indemnización punitiva dio lugar a fijar cantidades a todas luces excesivas que -no se olvide- iban a parar a los demandantes, no a la reparación del daño medioambiental u otros, en beneficio de la sociedad. Esta circunstancia puede haber sido determinante de la relativa marcha atrás que se ha dado en materia de indemnizaciones punitivas, tanto en el Reino Unido como en los Estados Unidos, consistente en limitar la cantidad máxima que puede acordarse como punición. Así, para el Reino Unido, la Cámara de los Lores, en decisión judicial del año 1964 (caso Rooke vs. Barnard, sentenciado el 21 de enero de 1964[52]), dejó establecido que la indemnización punitiva solo podía concederse en tres casos: 1º. En los supuestos en que la ley lo establezca expresamente. 2º. En supuestos de actos opresivos, arbitrarios o inconstitucionales del gobierno o de sus agentes. 3º. En caso de que el demandado actúe deliberadamente para obtener mayores beneficios que el valor de las indemnizaciones compensatorias (es decir, que le compense el beneficio obtenido con el daño causado, por ser mayor que las indemnizaciones compensatorias). A mayores, la Cámara de los Lores estableció los límites máximos que, de ordinario, podría alcanzar la indemnización punitiva: el triple de la indemnización por daños y perjuicios, sin que excediera de la cifra absoluta de 50.000 libras esterlinas[53].

     También en los Estados Unidos, tras una larga etapa de indemnizaciones punitivas desmesuradas, fijadas por los jurados un tanto caprichosamente, se llegó en 1996 a establecer criterios sólidos en la materia, gracias a la intervención del Tribunal Supremo federal. Fue en el caso BMW v. Campbell (54), en el que el Tribunal Supremo unánimemente creó tres criterios para evaluar el posible exceso de tales indemnizaciones: 1º. Reprochabilidad de la conducta, dando la mayor importancia a que fuese maliciosa o simplemente negligente. 2º. Fijación de una ratio entre el cuádruplo y el décuplo de los daños reales, para los casos más graves. 3º. Comparación con las multas o sanciones pecuniarias para conductas de semejante naturaleza. Tales criterios fueron sustancialmente mantenidos por el Tribunal Supremo federal en un caso de 2003, State Farm v. Campbell[55].

 

 

5.      El Master Settlement Agreement de las tabaqueras de Estados Unidos

 

     Un contexto social en ebullición. Un papel similar al jugado por Rachel Carson en materia de insecticidas, lo desempeñó el químico estadounidense, Jeffrey Wigand[56] respecto del tabaco, con la inestimable ayuda de Lowell Bergman[57], productor del relevante programa informativo de televisión Sixty Minutes, emitido por la cadena CBS. Su trabajo conjunto, llevado a cabo entre 1993 y 1996, cambió radicalmente la perspectiva social y la reacción legal contra el tabaco en los EE.UU. y, a partir de entonces, en todo el mundo. Contra lo que suele ser habitual, el cine reflejó de manera muy precisa y realista todo el proceso en la película de 1999, The insider[58], a la que me remito para detalles o aspectos del caso no resumidos en lo que sigue[59].

     Hacia 1990, el escándalo científico y jurídico de que los productos tabáquicos se siguieran comercializando como si se tratase de artículos placenteros totalmente inocuos estaba llegando a su fin. En varios estados de los Estados Unidos se consideraba intolerable el daño que el tabaco estaba causando en la salud de la población, así como la consiguiente enorme factura que suponía para el sistema sanitario; algo que era evidente para casi todos, pero que pocos se atrevían a denunciar y documentar, ante la enorme fuerza económica y bruta de las grandes compañías tabaqueras, así como los intereses creados de los cultivadores de tabaco y los vendedores al menudo de cigarrillos y otras labores tabáquicas. La sucesiva caducidad de las administraciones republicanas de Reagan (1981-1989) y Bush Sr. (1989-1993) y el acceso de la mucho más liberal y comprometida con el medio ambiente de Clinton (1993-2001) fue seguramente el detonante de que los fiscales generales de varios estados promovieran contra empresas tabaqueras demandas por valores multimillonarios, tratando de probar la conexión tabaquismo-enfermedad y, en consecuencia, tabaquismo-coste social y médico de todo tipo. Pero, por más que ahora nos parezca inconcebible, las pruebas que lograban aportarse no eran concluyentes porque quienes más y mejor podían informar solían mantenerse al margen, atenazados por contratos de confidencialidad[60] o, simplemente, por el miedo a demandas por difamación de las tabaqueras… o a reacciones bastante más contundentes y menos legales. Con todo, algunos conocedores se atrevieron a revelar lo que sabían acerca de las marrullerías de las tabaqueras: fueron apodados peyorativamente whistleblowers -soplones diríamos en español-. El mejor informado y más relevante fue el citado Jeff Wigand, excelente químico que durante cuatro años (1989-1993) había trabajado en un puesto importante para la tabaquera Brown & Williamson (B&W), una de las cuatro más grandes de los Estados Unidos[61]. Durante su periodo laboral en B&W, Wigand había tenido plena constancia y acopiado pruebas de diversas prácticas de la empresa, que suponían una mayor lesividad del consumo de tabaco, más allá de la que suponía por sí la nicotina, consustancial a esta solanácea. Las dos más llamativas eran el empleo de sustancias peligrosas -como el amoniaco- para hacer que la absorción nicotínica fuese más rápida y completa, y el empleo de saboreadores aromáticos -como la cumarina- que estaban considerados cancerígenos, pese a lo cual no se habían retirado del tabaco, en especial, del de pipa. Al despedirse de mutuo acuerdo, Wigand había tenido que firmar un contrato de confidencialidad, so pena de ser demandado y de perder las compensaciones para afrontar su cesantía.

Jeffrey Wigand

     Los jefes de las grandes tabaqueras se exceden en su cinismo. La tensión social antes aludida acabó por mover a la acción a ciertos políticos importantes. Entre ellos, el congresista demócrata californiano, Henry Waxman, promovió la acción de un subcomité de la Cámara de Representantes, para dilucidar el tema de las relaciones entre el tabaco y la salud, malévolamente enfocado hacia las compañías tabacaleras, dado que el título formal de la labor de la subcomisión era: El tabaco y la salud: ¿Qué sabían? El momento culminante, retransmitido por televisión, fue la declaración el 18 de abril de 1994 de los consejeros delegados (Chiel Executive Officers, o CEO) de las siete grandes tabacaleras norteamericanas[62], entre los cuales se contaba el de B&W, Thomas E. Sandefur, Jr. En el curso de tales declaraciones, a preguntas explícitas del congresista Ron Wyden, los siete declarantes negaron conocer que la nicotina fuese adictiva y que el tabaquismo fuese causa de enfermedades mortales, entre ellas, el cáncer. El escándalo ante tal mendacidad fue mayúsculo en todo el país, pese a lo cual los declarantes nunca fueron acusados de perjurio. De todas formas, en el pecado llevaron los CEO la penitencia, pues su declaración era prueba incontestable de que sus empresas usaban un patrón de desinformación, lo que constituye una de las causas más evidentes de reprehensible conduct, como en el capítulo anterior he reseñado.

     La desfachatez de Sandefur, unida a otras causas más personales, llevó a Wigand a cooperar con el ilustre productor de televisión, entonces al servicio de la CBS, Lowell Bergman, que estaba muy interesado en el tema del tabaco y sus consecuencias, sobre todo, a raíz de que le hubiese llegado anónimamente y por correo un dosier bastante abultado de datos técnicos sobre el asunto que, naturalmente, Bergman era incapaz de desentrañar. Se sostiene que, para interpretar dicho informe, el periodista acabó conectando con Wigand quien, por dinero y por conciencia, no solo le transmitió la gran carga de profundidad que aquel documento encerraba contra las tabaqueras, sino que corroboró por sí mismo lo que allí se recogía y acabó aceptando ser entrevistado en el programa de gran audiencia y prestigio, Sixty minutes, del que Bergman era productor.

     Tras diversos tiras y aflojas, ligados particularmente a que la CBS temía la reacción de las tabaqueras en un momento difícil para la empresa[63], por fin, el 4 de febrero de 1996 CBS emitió íntegra la entrevista con Wigand, causando un enorme impacto en la opinión pública y en las autoridades dispuestas a apretar las clavijas a las tabaqueras. Curiosamente, el escándalo que sufrieron dichas compañías fue de tal calibre, que no se atrevieron a presentar demandas por difamación y la CBS acabó fusionándose con Westinghouse, como tenía previsto. Era evidente que la solvencia científica de Wigand y el escándalo social de las negaciones de abril de 1984 habían acabado con la arrogancia de empresas como Philip Morris, que se atrevió antes a litigar contra la empresa mediática ABC, por haber revelado[64] -certeramente, sin duda- que dicha tabaquera aumentaba artificiosamente los efectos de la nicotina en sus cigarrillos -práctica conocida como picar la nicotina-, bien mediante potenciadores químicos de su rápida absorción, bien aumentando la proporción de nicotina existente en los tabacos empleados. La demanda, inicialmente en reclamación de diez mil millones de dólares- llegó a una resolución por consenso en 1995, limitándose Philip Morris a aceptar quince millones en concepto de costas y no creando dificultades para que la ABC se fusionara con Walt Disney Company, como tenía previsto[65].

     Llega el doomsday[66] para las tabaqueras: El Master Settlement Agreement. El fuego cruzado de la obvia falsedad de las declaraciones de los CEO de las tabaqueras en 1994 y de la evidencia aplastante aportada por la declaración televisiva de Wigand en 1996, acabó por desmantelar la tenacidad de aquellas compañías, incapaces ya de seguir negando lo que la ciencia demostraba y la sociedad exigía. Ciertamente, la verdad ya estaba en marcha desde antes, pero es muy improbable que sin Wigand hubiera llegado a firmarse, tan pronto como en noviembre de 1998[67], el gran acuerdo llamado Master Settlement Agreement que, a partir de entonces, ha sido la norma general que regula las obligaciones indemnizatorias y extraeconómicas de las compañías tabaqueras de los EE.UU. y, por imitación y parcialmente, de otros numerosos países del mundo. Veamos brevemente los términos de dicho Acuerdo.

·         Su alcance. El acuerdo alcanza a cuarenta y seis estados, de los cincuenta que forman los EE.UU. Los estados de Mississippi, Minnesota, Florida y Texas tienen acuerdos particulares muy similares, suscritos con las tabaqueras entre julio de 1997 y mayo de 1998. Las compañías inicialmente firmantes fueron las cuatro más grandes (Philip Morris, R.J. Reynolds, Brown&Wilson y Lorillard), pero las normas del Acuerdo se han aplicado voluntariamente, con algunos problemas[68], a las demás industrias del ramo.

Lowell Bergman

·         Compensación económica. Las tabaqueras se comprometen a poner a disposición de los estados grandes cantidades de dinero, para atender con ellas los efectos nocivos del tabaco, principalmente en materia de salud (asignación al sistema público de salud, o Medicare), teniendo los estados libertad a la hora de determinar el destino específico de dichas compensaciones. El compromiso de indemnización voluntaria se establece a perpetuidad, en tanto siga existiendo la venta legal de tabaco, y su montante se fijó en 206.000 millones de dólares durante los primeros veinticinco años[69], calculándose que hasta 2025 la cantidad total y por todos los conceptos ha podido ascender a 368.000 millones.

·         Restricciones del marketing. Han supuesto la práctica supresión de la publicidad del tabaco, en aspectos tan diversos, como los spots y vallas publicitarias, el merchandising en ropa y complementos, el patrocinio de eventos públicos o el pago de cantidades para que aparecieran fumadores en películas o videojuegos.

·      Transparencia e investigación. Las tabaqueras fueron obligadas a hacer públicos millones de documentos internos que revelaban lo que sabían sobre la adicción y los efectos del tabaco en la salud años antes de admitirlo.

 L      Labor educativa y juvenil. Se crearon fondos para establecer organizaciones dedicadas a la educación pública y la reducción del consumo de tabaco en jóvenes. Esta labor fue denominada, de forma harto clarificadora, Truth Initiative Fundation.

     En resumen, puede sostenerse que El Master Settlement Agreement fue el golpe definitivo que cambió la percepción social del tabaco. Aunque las empresas evitaron la quiebra y la prohibición total, el acuerdo encareció el precio del paquete de cigarrillos (para cubrir los pagos anuales) y aceleró el declive del consumo de tabaco en Occidente.

     Limitaciones y tensiones del Master Settlement Agreement. Este Acuerdo obliga a las partes firmantes, pero no limita los derechos de los particulares para accionar privada y judicialmente contra las tabaqueras. En este sentido, pueden recordarse casos famosos -ligeramente anteriores al Acuerdo[70], pero que pudieron producirse después-, en que demandas por producción de cáncer mortal de pulmón de fumadores generaron el deber judicial para las tabaqueras de abonar grandes cantidades en concepto de indemnización punitiva. Así mismo, el Acuerdo no evita discrepancias puntuales entre las tabaqueras y los estados, como la habida en 2024 entre Massachusetts y Philip Morris y otras, que llegaron al acuerdo de pagar 600 millones de dólares adicionales, que habían retenido con la disculpa de que las compañías no firmantes del acuerdo estaban perjudicando su cuota de mercado con prácticas ilegales, que el estado no perseguía eficazmente.

 

  

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[1] Existen otras formas más precisas de formular este compuesto, como, por ejemplo, 1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)-etano. Su composición molecular queda aclarada de la siguiente forma: (ClC6H4)2CH(CCl3) o, de manera mucho más simple e imprecisa, C₁₄H₉Cl_5.

[2] Significado del color de las esferitas: Negro, átomo de carbono; gris, átomo de hidrógeno; verde, átomo de cloro.

[3] Johann Friedrich Wilhelm Adolf von Baeyer (1835-1917), uno de los grandes pioneros de la Química orgánica, se trasladó de Estrasburgo a Múnich en 1875, dirigiendo allí una de las escuelas de su especialidad más importantes del mundo. Se le concedió el premio Nobel de Química en 1905.

[4]  El título alemán de la tesis era:Verbindungen von Chloral mit Brom- und Chlorobenzol. Se da por cierto que la disertación no fue impresa, pero es probable que un resumen de la misma se publicase en alguna de las revistas especializadas en lengua alemana. A este respecto, algunas fuentes citan la Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft.

[5] Muy aproximadamente, 1,016 g/cm³, frente a 1g/cm³.

[6] Paul Hermann Müller (1899-1965), premio Nóbel de Fisiología o Medicina en 1948, precisamente, por el enorme valor del DDT para aminorar o erradicar ciertas enfermedades que tenían a insectos por vectores, singularmente, el paludismo o malaria.

[7] La disertación llevó por título, Dichloro-diphenyl-trichloroethane and newer insecticides.

[8] La compañía J.R.Geigy, AG fue fundada en la ciudad suiza de Basilea en 1758. Tras numerosos avatares y fusiones con otras empresas (Ciba, Sandoz), en 1996 pasó a denominarse Novartis y así continúa (2025).

[9] Como se sabe, los insectos propagadores del paludismo o malaria son mosquitos del género Anopheles; los de la fiebre amarilla son de la especie Aedes aegypti y de los géneros Haemagogus y Sabethes; los del tifus exantemático son los piojos de la subespecie Pediculus humanus corporis.

[10] A título ilustrativo, pueden señalarse en los Estados Unidos las compañías Montrose, Olin, Monsanto, Ciba, Pennwalt y Velsicol; para España, FAES, Zeltia, Flix y Cruz Verde, entre otras.

[11] Véase la revista Experientia, vol. 1 (1944), pp. 128-131.

[12] Aunque el tema de la prioridad no es especialmente interesante, está sometido a discusión. En la agricultura, parece fuera de toda duda que el DDT ya se empleó en Suiza contra el escarabajo de la patata en 1941 y en los Estados Unidos en 1943. Para combatir epidemias afectantes a los humanos, se refiere que alemanes e italianos ya lo usaron en 1943 en el norte de África contra la malaria, y poco después, el ejército americano lo utilizó con el mismo fin en las islas del Pacífico que disputaban en la guerra a los japoneses.

[13] Hans von Euler (1873-1964), sueco, premio Nobel de Química en 1929.

[14] En aquellos momentos, hacia 1960, la población del país era de unos 180 millones de habitantes.

[15] Es una cautela generalmente observada en las leyes que prohíben la fabricación, importación y uso del DDT, como sucede en la Orden española de 4 de febrero de 1994, que aplica para nuestro país el reglamento del Consejo de la Comunidad Europea 2455/92/CEE, de 23 de julio.

[16] Rachel L. Carson, Silent spring, Houghton Mifflin, Boston, 1962 (primera traducción española en la edit. Luis de Caralt, Barcelona, 1964). Pueden encontrarse versiones españolas íntegras en Internet.

[17] The Sea Around Us, Oxford University Press, 1951 (El mar que nos rodea, edit. Atlante, México, 1952). Su versión cinematográfica ganó en 1953 el premio Oscar a la mejor película documental.

[18] Velsicol Chemical Corporation, fundada en 1931, con sede en Rosemont (Illinois), era una de las empresas autorizadas para fabricar y distribuir DDT. Alude a sus intentos por paralizar la publicación de Primavera silenciosa la biógrafa de Rachel Carson, Linda Lear: véase, Linda Lear, Rachel Carson, witness for Nature, Holt, Nueva York, 1997, pp. 416-419.

[19] Esta práctica, entonces tolerada, ha sido posteriormente considerada ética y legalmente contraria a la difusión científica, obligando en lo sucesivo a los autores de textos presuntamente científicos a expresar, bajo su responsabilidad, si en lo que publican tienen un interés directo o indirecto.

[20] Un buen ejemplo de artículo contrario a las tesis de Carson puede ser la recensión que el Dr. William J. Darby publicó para la American Chemical Society, aparecido en el número del 1 de octubre de 1962 de la revista Chemical & Engineering News, con el título -traducido al español- de Silencio, señorita Carson.

[21] Ezra Taft Benson (1899-1994), secretario de Agricultura entre 1953 y 1961. Destacado mormón, ocupó la máxima jerarquía de su iglesia entre 1985 y 1994.

[22] No cabe duda de que, detrás de ellas, estaba el hecho de que Rachel Carson era muy probablemente lesbiana.

[23] En particular, el secretario del Interior, Stewart Lee Udall (1920-2010), que ejerció dicho cargo entre 1961 y 1969, con los presidentes John F. Kennedy y Lyndon B. Johnson.

[24] Gaylord Nelson (1916-2005), senador entre 1963 y 1981, había sido previamente gobernador de Wisconsin (1959-1963), como aludiré en el capítulo siguiente.

[25]  Clean Air Act (1963); Clean Water Act (1972); Endangered Species Act (1973).

[26] Environmental Protection Agency (EPA), creada en mayo de 1973.

[27] El día escogido por los promotores fue el 22 de abril, fecha que sigue respetándose actualmente (2026).

[28] Ténganse presentes las decisiones al respecto del Convenio de Estocolmo (2001) y de la Organización Mundial de la Salud (2006)

[29] Véase capítulo anterior, incluida la nota 24.

[30] La especie que afectaba a los cultivos de Adelaida era la Ceratitis capitata. Los organoclorados empleados eran DDT, clordano y, especialmente, heptacloro. La carta de Manwell fue publicada en el número de The Advertiser correspondiente al 23 de marzo de 1971.

[31] No se quedó atrás el Parlamento estatal que, apenas dos días más tarde de la publicación de la carta de Manwell, atacó duramente a su autor, acusándolo de usar su prestigio como profesor para "asustar" a la población y presionando a la Universidad de Adelaida para que tomara medidas disciplinarias contra él. Su supone que los parlamentarios actuarían, además de por ignorancia, para defender la producción agraria.

[32] Lymantria dispar, sumamente dañina para los bosques por la exfoliación masiva que produce en los árboles.

[33] Lleva los datos identificativos: 362 US. 929, 1960.

[34] William O. Douglas (1898-1975), magistrado del Tribunal Supremo federal entre 1939 y 1975.

[35] En forma de libro: Jonathan Harr, A civil action, Random House, Nueva York, 1995. Como película: A civil action, dirigida en 1998 por Steve Zaillian, con John Travolta en el papel del letrado Schlichtman.

[36] La contaminación investigada en este caso se había producido en el periodo 1964-1979. La CERCLA fue firmada por el presidente Carter en diciembre de 1980.

[37] Con todo, en este caso es probable que la defensa de los demandantes actuase con cierta ligereza, al no promover la intervención de la EPA desde un primer momento, no cuando el juicio había concluido, como después se verá.

[38] Los contaminantes eran, principalmente, tricloroetileno y percloroetileno.

[39] Ello permite colegir que fue dicho abogado quien estuvo detrás del correo, aunque ignoro si posteriormente reconoció, o no, su autoría.

[40] Equivalentes a unos 200 millones de dólares de 2025.

[41] Es autora de una autobiografía no traducida al español: Erin Brockovich, Take it from me: Life's a struggle but you can win, McGraw-Hill, Nueva York 2001. La película a que seguidamente aludiré fue dirigida por Steven Soderbergh en el año 2000, con Julia Roberts en el papel de la protagonista.

[42] La localidad tenía unos 1.500 habitantes a mediados de los años noventa.

[43] La supervisión, que no la decisión, corrió a cargo del Tribunal Superior del Condado de San Bernardino. La identidad de los árbitros no fue hecha pública, de acuerdo con las leyes californianas para los casos en que el arbitraje no fuera impugnado por ninguna de las partes.

[44] Lo que equivale a casi 700 millones de 2025.

[45] Otros sostienen que el bono de Brockovich fue de dos millones. El bufete que representaba a los actores, Masry&Vititoe se llevó, en concepto de gastos y honorarios, el 40% de lo correspondiente a cada perjudicado. En conjunto, se cree que los demandantes percibieron unos 200 millones de dólares.

[46] Boliden-Apirsa, aunque con personalidad jurídica propia, no dejaba de ser una filial de la multinacional Boliden, de origen sueco. Las minas, a cielo abierto, explotaban zinc y plomo, así como cobre y plata en mucho menores cantidades.

[47] Con el inconveniente de no estar actualizado, el mejor artículo que conozco sobre este caso es el siguiente: Carlos Gómez Ligüerre, Quien contamina paga… si alguna jurisdicción es competente para condenarlo. Conflictos de jurisdicción en el caso Boliden, InDret, nº 2.2012. Es accesible por Internet a través de la página, www.indret.com.

[48] Véase sentencia del Tribunal Supremo (Sala Tercera) de 10 de noviembre de 2011, que entendió que la jurisdicción contencioso-administrativa no era la competente para el caso.

[49] Véase sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera) de 25 de enero de 2012.

[50] Una sentencia de la audiencia provincial de Sevilla de 5 de diciembre de 2025 absolvió a los 16 acusados (directivos y funcionarios) en el caso penal de la empresa minera Los Frailes, sucesora de Boliden-Apirsa en la explotación de las minas de Aznalcóllar, pero esta resolución ya no tiene que ver, ni en las personas ni en los motivos, con la catástrofe medioambiental aquí analizada.

[51] Para una aproximación a dos casos similares al de Aznalcóllar, producidos en Brasil (estado de Minas Gerais) años más tarde (Mariana, en 2015, Brumardinho, en 2019), véanse los dos capítulos que los resumen en: Tom Gatehouse, The heart of our earth, Latin American Bureau Special Report, 2023.

[52] El asunto nada tenía que ver con el medio ambiente, sino con la infracción de los derechos de un representante sindical por parte de la compañía aeronáutica B.O.A.C., pero la doctrina legal establecida se ha entendido que alcanzaba a las indemnizaciones punitivas en general.

[53] En valor actual -supongo que la cantidad tiene que actualizarse periódicamente-, 50.000 libras de 1964 equivalen a poco más de un millón (equivalente a 1.250.000 euros aproximadamente).

[54] Registrado como 517.U.S.559 (1996), versaba sobre la venta por la empresa B.M.W. of North America, Inc. como nuevo de un vehículo que había sufrido previamente un leve accidente. La indemnización punitiva, fijada inicialmente en 4 millones de dólares, se redujo finalmente a 50.000 dólares.

[55] Registrado como 538. U.S. 408 (2003), se refería a la fijación de indemnizaciones por accidente de tráfico mortal. El nombre completo de la demandante era State Farm Mutual Automobile Insurance Co. Los daños punitivos, inicialmente fijados en 145 millones de dólares fueron finalmente establecidos en 9 millones.

[56] Jeffrey Wigand nació en la ciudad de Nueva York en 1942, doctorándose en bioquímica en la universidad de Buffalo. Es el más famoso de los whistleblowers, es decir, de los empleados de tabaqueras u otras empresas sucias, que revelaron sus malas mañas, corriendo con el riesgo de infringir la confidencialidad.

[57] Lowell Bergman, nacido en la ciudad de Nueva York en 1945, destacado periodista de investigación, que trabajó en prensa y televisión y dio clases de su especialidad en la universidad de Berkeley (California).

[58] En España, El dilema, película dirigida por Michael Mann y protagonizada por Al Pacino (Lowell Bergman) y Russell Crowe (Jefrey Wigand).

[59]  Por escrito, la fuente de referencia es: Marie Brenner, The man who knew too much, Vanity Fair, mayo de 1996, pp. 171-217, accesible por Internet en la web, archivevanityfair.com.

[60] Obligación contractual, impuesta por las empresas a sus trabajadores en activo o retirados, de no revelar dato alguno que hubiesen conocido por razón de su trabajo y cuya difusión pudiese causar cualquier perjuicio a la compañía. Las sanciones solían ser sumamente lesivas para los infractores.

[61] Estas compañías eran apodadas irónicamente los siete enanitos. Brown & Williamson tenía su sede en Memphis (Tennessee) y estaba dirigida a la sazón por el perverso, Thomas E. Sandefur, Jr.

[62] Eran estas: Phllip Morris, Reynolds, Brown & Williamson, Lorillard, American Tobacco Company, Liggett Group y U.S. Tobacco.

[63] Ante importantes dificultades económicas, CBS estaba en tratos con Westinghouse Electric Company para lograr la fusión de ambas empresas.

[64] En su programa Day One, correspondiente a los días 28 de febrero y 7 de marzo de 1984.

[65] Capitol Cities/ABC Inc. Fue valorada en 19.000 millones de dólares, lo que nos da idea del disparate que implicaba la inicial reclamación de Philip Morris, claramente encaminada a intimidar a la ABC, más que a hundirla efectivamente.

[66] Empleo este anglicismo en su sentido metafórico: Se utiliza en la vida cotidiana para hablar de una fecha límite crítica o un momento en el que ocurrirá algo desastroso para una persona o empresa.

[67] La fecha de la firma fue el 23 de noviembre de 1998 y, a partir del 23 del mismo mes y año, empezaron a gestionarse los consent decrees, es decir, los compromisos de los tribunales de cada estado de resolver las reclamaciones judiciales conforme a los términos de dicho acuerdo.

[68] Véase más abajo el caso resuelto en Massachusetts en 2024, por temas de cuotas de mercado.

[69] A los que hay que agregar otros 40.000 millones, pactados en acuerdos particulares con los estados de Mississippi, Minnesota, Florida y Texas.

[70] Como pueden ser los famosos casos de Grady Carter, de Florida, o de Harry Frankson, de Nueva York, cuyos veredictos de 1998 obligaron a las tabaqueras a tirar la toalla y avenirse a firmar el Acuerdo y, respecto a las demandas individuales, a llegar a acuerdos antes de acudir a juicios con jurado.