Historias de
traición (III). Entre Nin y Negrín
Por Federico Bello
Landrove
Los dirigentes del POUM[1] juzgados en Barcelona en octubre de 1938 estuvieron a punto de ser
condenados a muerte por delitos de espionaje y alta traición. Un joven
Aspirante a Juez será relevante testigo de aquellos momentos, tras pasar por
los, así mismo interesantísimos, del juicio a José Antonio Primo de Rivera y
otros, celebrado en Alicante en 1936. La fantasía del relato es perfectamente
compatible con la veracidad de los datos y la realidad de las personas con que
se relaciona el protagonista.
Exordio
Me llamo Salvador
Beltrán. En aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas, al acabar la
Guerra Civil me abrieron un expediente depurador, en mi calidad de Juez Aspirante[2]
de las oposiciones convocadas en el año treinta y cinco. Para el
correspondiente pliego de descargos, presenté una amplia -y muy favorable- referencia a los trabajos que
realicé en la zona republicana durante la contienda. Gracias a la influencia de
mi familia de derechas, me depuraron
y privaron de los derechos ganados por oposición, pero me permitieron volver a
presentarme a exámenes, pasados tres años de sanción. Así, en el año cuarenta y
cuatro, superé las oposiciones a fiscal y de ello viví durante cuarenta años
más.
Con el tiempo, he
resuelto completar y ajustar a la verdad aquel relato de circunstancias,
dejando a mis descendientes la decisión de publicarlo, total o parcialmente.
Solo he puesto una condición: respetar los seudónimos con los que cito a las
personas de las Carreras judicial y fiscal que vayan saliendo en la narración.
No quiero que, por obra y gracia de mi indiscreción,
se vean sacadas a la luz por unos hechos sin gran interés histórico, sucedidos
en circunstancias tan poco propicias para hacer justicia[3].
1. Un Aspirante en la
cuerda floja
Cuando se inició
nuestra Guerra Civil, yo tenía 26 años y hacía unos meses que había ganado las
oposiciones para Juez, siendo destinado como Aspirante a la provincia
alicantina. Entre la Audiencia Provincial y los Juzgados de esa capital se iba
desarrollando con normalidad mi periodo de prácticas, a la espera de ocupar una
plaza en propiedad, lo que esperaba para después del verano. Quizá esa normalidad de la que hablo era una
impresión subjetiva, que experimentaba cuando me sumergía en las leyes y los
pleitos, a la vera de compañeros veteranos, y hasta añosos, que dirigían mis
primeros pasos judiciales. En todo lo demás, la normalidad brillaba por su ausencia:
Mi familia había quedado en Castellar, a muchos cientos de quilómetros del
Mediterráneo. Mi novia de siempre, Silvia, había decidido que nos tomásemos un tiempo de reflexión, abrumada sin duda
por las diferencias ideológicas -y más que ideológicas- entre nuestras familias
y por el derrotero represor que yo
había tomado al abrazar la Carrera judicial, al decir de su padre, cenetista de
los de la FAI[4]. Y, por
supuesto, la normalidad era menos que relativa en cuanto me asomaba a la calle,
por más que el carácter luminoso y playero de la ciudad lucentina enmascarase
en parte la tensión y la violencia, cuando menos, en sus zonas más céntricas y
turísticas.
Tampoco he de
negar que, entre mis compañeros jueces y fiscales -y no digamos en el mundo de
los abogados- la politización y el extremismo hacían estragos, pero la mayoría
vivíamos en un mundo de relativa legalidad y cortesía, más preocupados de las
reformas legislativas radicales e impremeditadas, que no de los preparativos
para un Alzamiento, que en Alicante se veía muy improbable, dada la supremacía
absoluta de la gente del Frente Popular[5].
De todas formas, cuando a mediados de mayo se inauguró el espléndido Hotel Mediterráneo, en primera línea de
la playa de San Juan, decidí alejarme un poco del mundanal ruido -como llamaba mi amigo, el Fiscal Aspirante
Corredera, a las algaradas y manifestaciones- y me trasladé a una habitación
interior de aquel, que me alquilaron al tolerable precio de trescientas pesetas
mensuales[6],
con el compromiso de ocuparla hasta que me destinasen a otra ciudad. No fui yo
quien, poco después, habría de incumplir lo prometido.
***
El Alzamiento
militar me sorprendió, como quien dice, en traje de baño y presto para recibir
a buena parte de mi familia en plan de veraneo, aprovechando mi estancia en
ciudad tan oportuna para ello. Afortunadamente, mis padres demoraron unos días
la partida de Castellar, a fin de atender unos pedidos importantes para su
almacén de tejidos, gracias a lo cual no se encontraron en una situación muy
apurada. También yo habría preferido hallarme a la sazón en tierras
castellanas, no por motivos ideológicos, sino profesionales: Era obvio que el
respeto formal que se tenía hacia los
jueces era bastante mayor entre las derechas, que no en las filas de los sans culottes[7],
según expresión bastante gráfica del amigo Corredera, quien no tardaría en caer
en los calabozos de la checa de la CNT[8],
de cuyas garras lo salvó -todo hay que decirlo- el fiscal Juvenal Parrado,
pronto nombrado presidente del Tribunal Popular de la provincia, cuyo rigor
llegó a ser proverbial y premiado a los pocos meses con el ascenso a Magistrado
del Tribunal Supremo.
Dicho sea de paso,
la incautación política del hotel en que me alojaba me obligó a alquilar un par
de habitaciones en casa de una señora viuda, que vivía muy cerca de la
Audiencia. El hecho de ser ella pariente cercana del nuevo alcalde alicantino,
el comunista Rafael Millá[9],
probablemente me salvó de más de un registro, evitado a la consigna -tan
errónea, como sintomática de aquel ambiente- de dejadlo, que es sobrino de Millá.
Mi vida, a la vez
rutinaria y al límite, cambió radicalmente un día de principios de agosto,
cuando me llamó a su despacho el Presidente de la Audiencia y me dijo:
-
Nos
mandan de Madrid a un magistrado especial, para que se encargue de la
instrucción del sumario de los Primo de Rivera. Voy a pedirte que te pongas a
su disposición para cuanto necesite, ahora que ya estás fogueado y conoces
bastante bien la ciudad. Se llama Alfredo Mejuto y trabajará en este mismo
palacio.
Mi primera tarea
fue la de buscarle acomodo, al menos, provisional, para lo que opté por una suite en el Hotel Victoria[10],
cosa no fácil, dada la tendencia tan proletaria
de los políticos y sindicalistas de la época, de ocupar la mejor parte de los
hoteles al módico precio de no incautarlos del todo. Por lo demás, me abstendré
de ofrecer detalles sobre el personaje, ni sobre su peculiar instrucción de la
causa, toda vez que la notoriedad del principal procesado ha arrojado sobre el
caso un torrente de estudios y hagiografía, que hace innecesaria la aportación
de mi grano de arena a la montaña de información ya acopiada. Solo haré
alusiones de pasada en todo aquello que pueda interesar para el siguiente paso de
mi carrera hacia la cima; quiero
decir, para explicar mi relación con el entonces famoso magistrado Bernardo
Capillas Umbral, del que, pese a tantos años pasados, guardo un vívido recuerdo
hecho de gratitud y de respeto.
Para cuando don
Bernardo Capillas fue designado Presidente del Tribunal Popular que habría de
juzgar a José Antonio y Miguel Primo de Rivera, así como a la esposa de este
último, el sumario había estado jugando en
las manos caprichosas del Instructor Mejuto y en las mucho más responsables del
fiscal Adrián Ubierna, que dirigía el Ministerio Público en el territorio de la
Audiencia valenciana y parecía mucho menos dispuesto que Mejuto a dejarse
manipular por el Gobierno. De hecho, en un principio, parecieron juntarse -como
suele decirse- el hambre con las ganas de
comer. Ubierna era un hombre serio y Alfredo Mejuto parecía encontrarse en
la gloria en aquel Alicante veraniego, infinitamente más tranquilo y sin
riesgos que el Madrid del momento. Como introductor de Fredo -apócope que me impuso para llamarlo, en cuanto nos
conocimos- y ayudante suyo en la confección del sumario, pronto descansó en mí
y en el fiscal la llevanza de la investigación y los criterios para enfocarla.
Durante un tiempo, Ubierna, Mejuto y las Autoridades de Madrid parecieron compartir
las directrices: tramitación tranquila -por si surgía alguna buena oportunidad
de canje[11]-,
garantista -los periodistas extranjeros estaban al acecho- y benévola -una posible pena de prisión de no más de
tres años-. Cuando Fredo aparecía por
el juzgado para llevar a cabo formalmente alguna diligencia, como las
declaraciones de los procesados, daba vergüenza ajena presenciar sus interpretaciones, tan pronto de
compadreo, como rigurosas; y a jornadas de febril actividad, seguían semanas de
inacción, lo que dio lugar a que los oficinistas del juzgado llegaran a apodar Señor Guadiana al magistrado Mejuto.
Para cuando don
Bernardo Capillas fue nombrado para presidir el Tribunal que iba a enjuiciar el
caso -allá por octubre del 36-, todavía las cosas caminaban despacio y en buena
armonía. No le gustó mucho esta situación y, cuando vino desde Madrid para
conocer de primera mano la marcha del asunto, exhortó a Fredo para que fuese concluyendo la instrucción, cualesquiera que
fuesen los motivos que tuviese para tenerla empantanada. Como la entrevista se
celebró en mi presencia, el Guadiana aprovechó
para trasladarme el requerimiento, como si yo tuviese alguna responsabilidad en
la lentitud de la tramitación. De esto debió de deducir don Bernardo que yo
estaba teniendo una participación en el sumario muy superior a la que por
reglamento me correspondía. El hecho es que, para hacer un aparte conmigo, usó
del subterfugio de que lo acompañase para comprar unas tabletas de chocolate Valor y un par de botellas de burret[12]. En el camino me sonsacó cuanto quiso
pues me cayó bien desde el principio y consideré que, por razón de su cargo, le
debía la buena fe. En cuanto se enteró de los cabildeos entre el instructor y
el fiscal para pedir penas muy moderadas, me preguntó qué opinaba de ello y en
base a qué podría fundarse en Derecho tamaña benignidad. Con una franqueza de
la que ahora me arrepiento, visto cómo acabó el proceso para José Antonio, le
respondí:
-
Razones
para la benevolencia las hay siempre, jurídicas y humanas; pero, a la vista de
las pruebas que tenemos y de la actitud recalcitrante del procesado, creo que
nadie podría entender que se librara con menos de veinte años y un día de
reclusión mayor.
-
Mientras
no se pida pena de muerte…, insinuó mi interlocutor, aludiendo a lo poco que
suelen durar en la práctica las penas políticas.
-
Eso
tampoco -protesté-. Muerto, será un mártir; vivo, tal vez salve la vida de
otros.
De lo que sucedió
en las tres semanas siguientes, la Historia da cuenta y mi memoria, fe. Cambió
el Gobierno, por otro más severo y de izquierdas, presidido por Largo Caballero
y con el anarquista, García Oliver, de Ministro de Justicia[13].
La capital republicana se trasladó a Valencia[14].
Mejuto acabó a toda prisa el sumario. El fiscal Ubierna, profesional poco
acomodaticio, fue sustituido en el caso por el manejable Juvenal Parrado, que
solicitó pena de muerte para el fundador de Falange Española. Y volví a verme
las caras con el magistrado Capillas, a petición inmediata suya:
-
Beltrán
-me dijo-, ya ve cómo han cambiado las cosas desde la última vez que nos vimos.
Usted conoce el sumario como nadie, así como el ambiente que se respira en esta
ciudad. Lo quiero a mi lado, hasta que acabe el juicio.
-
Por
mí, encantado. Hable, por favor, con el Presidente de la Audiencia.
-
De
acuerdo. Y le ruego que nos busque un buen hotel a mis dos colegas y a mí. El
que nos han reservado desde Valencia es una auténtica vergüenza.
***
La verdad es que
no puede decirse que los Primo de Rivera tuvieran suerte. Para empezar -y
contra lo que se había supuesto- no hubo por parte de los sublevados ningún
intento serio de canjearlos antes del juicio. En segundo lugar -y lo más
importante- el cambio de Gobierno habido el mes de septiembre anterior había
endurecido la actitud oficial respecto de los hijos del histórico Dictador[15].
Finalmente, el bombardeo de Alicante por la aviación facciosa el día 5 de
noviembre hizo nacer en la población deseos de venganza y de frustración, pues
había llegado a creerse que la presencia de José Antonio en la cárcel
alicantina era un seguro frente a los bombardeos[16].
Fredo Mejuto, con quien coincidí en
aquellos días, me hizo alarde verbal de valentía -que no sé si acompañó de
obras-, blasonando de que se constituiría en la Prisión y, si alguien quería
linchar a los Primo, habría de pasar por encima de su cadáver. De lo que no
tengo dudas, pues me informó puntualmente el Fiscal Aspirante Corredera, es de
que, a raíz del bombardeo de la ciudad, se convino por los poderosos en que el
fundador de Falange tenía que ser sentenciado a muerte, para lo que se nombró
fiscal especial al ya aludido Juvenal Parrado, que conferenció, entre otros,
con Indalecio Prieto[17],
Largo Caballero y el Ministro de Justicia, García Oliver, en orden a asegurar
que el acusador solicitaría pena capital y la defendería en el juicio oral con
el ardor necesario.
No es de mi
interés reflejar aquí por menudo el desarrollo del juicio en el que, pese a la
coincidencia de propósitos entre el fiscal y el jurado, así como a la escasa autonomía del Tribunal de Derecho,
estuvo a punto de salirle al Gobierno el tiro por la culata. Baste decir que,
para sostener la tesis acusatoria de autoría principal -jefatura- en un delito
de rebelión militar, las pruebas eran sumamente endebles, cosa que aprovechó durante
dos días con elocuencia y maestría José Antonio -defensor de sí mismo, de su
hermano y de su cuñada- para ridiculizar al fiscal, que llegó a perder los
nervios. Luego, el Jurado, contagiado en sus mejores miembros de la seriedad y
objetividad que su cometido exigía, se enfrascó en una discusión de dos horas y
media, con abundancia de gritos y reproches -que se oían desde el claustro del
edificio-. Finalmente -y de esto puedo dar noticia de primera mano-, los tres
magistrados estuvieron en un tris, bien de despachar a los dos Primo de Rivera
con pena de treinta años de reclusión, bien de impugnar el veredicto por
defectos de forma, forzando así la celebración de un nuevo juicio. En su
ardorosa discusión de más de una hora, los magistrados se dirigieron a mí en
varias ocasiones, pidiéndome opinión, aunque mi cometido en la sala de
deliberaciones no era otro que el de recoger en acta su resultado y ayudarles a
redactar la sentencia. Yo, la verdad, una vez que constaté que a Miguel Primo
no se le imponía pena capital -a su mujer correspondió la de seis años de
prisión-, me relajé un tanto y, en resumidas cuentas, les dije -conservé la
minuta hasta el final de la guerra-:
-
Señores,
mi opinión es la de que José Antonio Primo de Rivera se ha comportado -incluso
en la cárcel- de tal forma, que a nadie puede extrañar que se le condene a
muerte, máxime con la pauta jurisprudencial de esta situación bélica. Ahora
bien, si ustedes quieren jugársela personalmente, no hay obstáculos procesales ni
sustantivos que les impidan ponerle la misma pena que a su hermano, pidiendo a
Dios que le conserve la vida en la cárcel. Eso sí, lo que no les aconsejo es
que anulen por unanimidad el juicio y echen sobre otros hombros la tarea de juzgar
de nuevo el caso; entre otras cosas, porque no sé si saldrían con bien de esta
sala, con la concurrencia que los
está esperando.
Como es sabido, el
Tribunal de Derecho fue prudente y
José Antonio fue ejecutado, conforme a su sentencia. Antes de partir para
Valencia -a donde se había trasladado la capital de la República el 7 de
noviembre anterior-, don Bernardo quiso despedirse de mí, exponiéndome además
la buena opinión que había adquirido de mis conocimientos y criterio. Concluyó:
-
Espero
que también usted nos valore con comprensión y benevolencia. Hay momentos en
que, para poder salvar lo principal, hay que renunciar a mucho de lo accesorio.
-
Supongo
que depende de lo que se considere accesorio -repuse-. En todo caso, tiene
usted toda mi consideración y estaría muy honrado de volver a trabajar a sus
órdenes, si a mano viniere.
-
Cuente
con ello, amigo Salvador. Ahora que estamos tan cerca, seguro que se presentará
alguna oportunidad.
2.
Juzgando una alta traición
Llegué a
pensar que don Bernardo Capillas me había olvidado para los restos. Por su
parte, Alfredo Mejuto y Juvenal Parrado, gracias a los servicios prestados en
la causa contra José Antonio, habían sido promovidos a magistrados del Tribunal
Supremo a primeros de diciembre de 1936. Mi buen compañero Corredera -cada día
más amigo- me echó, a cuenta de ellos, una bronca de campeonato:
-
Yo
casi no tengo más cáscaras que seguir trabajando para la Justicia popular de la República, pues tengo aquí a toda mi
familia; pero tú, ¿cómo demonios no intentas pasarte a la otra zona? Sé que no
es fácil y lo que te juegas si te pillan, pero podrías intentarlo por mar con
la ayuda del Consulado británico o del francés, o cruzar la frontera por
Cataluña.
-
No
creo que haya más justicia del otro lado -repliqué-. Por lo demás, tú y yo lo
tenemos claro. Solo somos Aspirantes, ¿no? Pues no demos ni un paso más que
pueda comprometernos. Y, por lo demás, renunciar
a lo accesorio, salvando lo principal, como me dijo el magistrado Capillas.
-
¡Valiente
hipócrita está hecho! ¿Sabes que se habla de él para Presidente del nuevo
Tribunal de Espionaje y Alta Traición (en lo sucesivo TEAT)[18]?
-
No
lo creo. Para ese puesto necesitan a un tipo con mayores tragaderas. Para
empezar, las leyes penales y procesales aplicables son draconianas y las
cambian cada dos por tres. Lo único bueno es que deciden ellos solos, sin un
jurado de politicastros y sindicalistas al lado.
-
No
tan solos, amigo -discrepó Corredera-: De los cinco magistrados, dos son
militares que ni siquiera tienen que ser del Cuerpo Jurídico.
La conversación no
cayó en saco roto. Llegado a casa, me puse al habla con Pérez Cabra, el
secretario judicial especial del caso Primo de Rivera, con el que había
trabajado con muy buen ambiente. Cabra me confirmó la casi segura candidatura
de don Bernardo y la circunstancia de que todo el personal del TEAT sería de
libre designación. Decidí jugarme el todo por el todo: Ya que iba a seguir al
servicio de la República, por lo menos hacerlo desde la Capital y bien
protegido. Así que me decidí a escribir a Capillas:
Don Bernardo: Me aseguran que es inminente
su nombramiento como Presidente del TEAT. Si, como espero y es de justicia, se
confirma el rumor, le ruego no olvide su amable ofrecimiento de tenerme en
cuenta, si entiende que mis servicios pueden serle útiles.
Casi me llegaron
al mismo tiempo la respuesta de mi corresponsal y el oficio del Ministerio de
Justicia, por el que se me destinaba como Juez Aspirante de apoyo, a disposición
del Presidente del TEAT. Dije adiós a Alicante, tras más de un año de estancia,
y marché para Valencia con el mejor ánimo. No sería por mucho tiempo pues, a
finales de octubre de aquel 1937, el Señor Negrín trasladó la capitalidad
republicana a Barcelona. La Ciudad Condal sería ya mi residencia hasta el final
de la contienda civil.
***
No fue el primer
caso que encomendó don Bernardo a mi cuidado, pero sí el más relevante y
peligroso. Llevaba el número 1/1937[19],
es decir, el primero que se atribuyó a la competencia del TEAT, apenas fue
creado este. Sin embargo, por diversas y poderosas razones, en la primavera del
año siguiente seguía en tramitación sumarial, con el pretexto de que la
investigación era muy complicada. Lo cierto era que los autos rebasaban ya los
mil folios y nadie parecía decidirse a ponerles fin. Mi protector me entregó en mano el oficio dirigido al Juez Instructor,
ordenando darle cuenta de los motivos del retraso y remover cuantos obstáculos
se opusieran a la conclusión inmediata de un sumario, que ya duraba diez meses.
El Instructor, al
leer en mi presencia la citada comunicación, se mostró contrariado, aunque
respetuoso hacia mi persona:
-
¡Vaya!,
ya podría Bernardo tenerme algo más de consideración, siendo -como soy-
magistrado suplente de su Tribunal. ¡De sobra sabemos todos lo que pasa con
este asunto: Que, de una u otra forma, va a armarse la gorda en cuanto pase a
trámite de calificación y juicio! ¡Qué más quisiera yo que quitármelo de
delante y acabar con la prepotencia y tomaduras de pelo de los policías del
SIM![20]
¿Acaso no sabe mi colega Presidente que me he quejado al Ministro de Justicia
de las irregularidades de la investigación policial, sin obtener una respuesta
eficaz?
Poco enterado aún
de los complicados entresijos del caso, respondí de forma tópica:
-
En
cualquier caso, señor De Nora, la postura del Tribunal -no solo de su
Presidente- es clara: Concluya el sumario y deje que el Fiscal complete el
trabajo. No olvide que, aunque parezca una broma, la ley impone que este asunto
se tramite por procedimiento sumarísimo.
Mi interlocutor retuvo
su atención en mi alusión al Fiscal, añadiendo:
-
Acabaré
el sumario en unos días, pero hable usted con el fiscal. No creo que esté por
la labor de resucitar este cadáver. Y
conste que no me refiero con ese nombre solo al asunto, sino a alguno de los procesados.
-
Haré
lo que me dice, concluí, sin entrar a comentar su fúnebre exabrupto[21].
En consecuencia,
mi siguiente paso fue presentarme al fiscal especial, Joel Sanchis Vejer. Como
he dejado dicho, ya tenía yo experiencia en fiscales politizados y acomodaticios,
como aquel Juvenal Parrado del juicio a los Primo de Rivera; pero este Sanchis
era de otro nivel y mucho más sinuoso.
Para empezar, me llevó a tomar café en un bar relativamente alejado del Palacio
de Justicia, dando un grato paseo por el Parque de la Ciudadela. Como fue mucho
lo que hablamos, procuraré abreviar el relato, eludiendo, en lo posible, la
forma dialogada.
Para empezar, dijo
no compartir las prisas del Presidente.
Era cierto que el asunto se había dilatado, hasta el punto de haber perdido
buena parte de su interés y ejemplaridad, pero ello había resultado muy
favorable política y militarmente, haciendo que cicatrizaran las heridas y que los
correligionarios y comparsas del POUM perdieran la mayor parte de su poder. Por
otra parte, el retraso había permitido aprovechar para el caso de Barcelona
todas las pruebas que se habían obtenido en el asunto Golfín-Corujo de Madrid[22]
en el que, por cierto, estaba a punto de celebrarse el juicio oral, con el severo resultado que es de esperar. Y,
por último, el común de la gente empezaba a olvidar al desaparecido Andrés Nin[23],
dondequiera que ahora se encontrase. Concluyó:
-
Agradezco
que hayas venido a verme e informarme de los deseos de Capillas. Así podré
actualizar los datos y preparar a fondo la calificación y la prueba. No dudes
de mi diligencia, pero comprenderás que es un asunto de garabatillo.
***
Tan pronto nos
llegó al TEAT el sumario, Don Bernardo designó Ponente al magistrado Ruperto
Bernal, con quien en seguida entablé una amigable relación, alimentada con la
ofrenda de mi notable resumen y comentario de cuanto hasta entonces abarcaba el
caso. De todos modos, pronto se torció la marcha normal del asunto. Dejaré que
relate el incidente Don Bernardo, en los términos que tuvo a bien referírmelo,
una vez concluido el juicio y recaída sentencia[24]:
Uno de los primeros días de junio del
corriente año -1938-, el Presidente del Consejo de Ministros,
Don Juan Negrín[25], nos convocó a su despacho oficial al
Presidente del Tribunal Supremo, Don Mariano Gómez[26] y a mí mismo, para tratar de un asunto muy
relevante, que resultó ser el sumario 1/1937 del TEAT, entonces en manos del
fiscal para formular acusación. Cuando allí llegamos, también estaban presentes
el Ministro de Justicia, Don Ramón González Peña[27], y el fiscal del caso, Sr. Sanchis.
Tomó extensamente la palabra el señor
Negrín quien, como preocupación inicial, planteó en términos melodramáticos que
-como también opinaba el fiscal-, el proceso del POUM y sus pruebas empezaban a
hacer agua por varias vías, en particular, por la incredulidad ciudadana ante
los términos del procesamiento y la próxima acusación, así como por la
severidad con que la actividad judicial estaba siendo tratada
internacionalmente, hasta el punto de considerarla una pantomima. Por esa senda
-suponía el Sr. Negrín- se corría el riesgo cierto de que el juicio y su
resultado pudieran dejar en muy mal lugar al Gobierno que él presidía, así como
a algunos de sus aliados.
Para justificar cuanto nos exponía, el Presidente
del Gobierno dijo mostrarse abrumado por las presiones que recibía de numerosas
unidades del Ejército (exhibió un rimero de cartas y telegramas con ese
presunto contenido), exigiendo un castigo ejemplar de los poumistas, hasta el
punto que, de no llegarse a él, no respondía de cuál sería la reacción militar.
La propuesta salomónica que sugería para cohonestar milicia y justicia era la siguiente:
condena a muerte por espionaje para los principales acusados, que él se
comprometía a conseguir conmutar, para que nadie fuese ejecutado.
Como es natural, tanto el Presidente del
Tribunal Supremo, como yo mismo, objetamos con firmeza al Sr. Negrín cuantas
alegaciones y exigencias nos había transmitido, totalmente contrarias al deber
de los Tribunales y a la necesidad de hacer imparcial justicia en caso tan
grave y notorio. En vista de nuestra exposición, el Sr. Negrín se vio forzado a
recoger velas, al menos, en cuanto a su vehemencia, si bien nos advirtió que,
si tenía que optar entre el Ejército y el Tribunal, se pondría del lado del primero.
Prácticamente, la reunión terminó así, sin
llegar a ningún tipo de compromiso, pero, cuando menos, cada uno de los
presentes -sobre todo, yo- ya sabía a qué atenerse. Supongo, por el contenido
de su acusación de unos días después, que también sacaría sus propias
conclusiones el fiscal Sanchis quien, por lo demás, tuvo el buen estilo de
mantenerse callado durante la entrevista, no apoyando las exigencias del
Presidente del Consejo de Ministros, claramente encaminadas a provocar una
prevaricación.
En efecto, a los
pocos días, en fecha 11 de junio de 1938, Sanchis presentó su calificación, de
la que solo me fijaré en un par de detalles. Sea el primero, que acusaba a los
procesados del POUM de haber actuado en el levantamiento de mayo del mismo año,
en connivencia y con la ayuda de los enemigos de la República, los facciosos
del bando nacional, a los que también
habían facilitado importante información militar sobre las defensas y
fortificaciones de Madrid. En consecuencia, les juzgaba culpables de delitos de
espionaje y alta traición. Sin embargo -y este es el segundo dato a retener-,
no solicitaba para ellos la pena de muerte, ni ninguna otra concreta, sino que
reservaba la petición para el momento final del juicio -conclusiones
definitivas-, en función de lo que resultase de aquel: un disparate jurídico
sin precedentes conocidos, del que nada más diré por no hacer al caso de lo que
quiero exponer en estas páginas.
***
-
¿Qué
te parece la calificación del fiscal?, me preguntó el magistrado Ponente,
Bernal.
-
De
un cinismo fenomenal, respondí tajantemente. Reputa traidores a los acusados y
aprecia una circunstancia agravante; pero cuando tendría que pedir
inexorablemente pena de muerte, se descuelga diciendo que ya solicitará lo que
proceda, al acabar el juicio. Me parece que está nadando y guardando la ropa:
tiene preparado todo el montaje del fusilamiento, pero lo oculta para que no se
le echen encima la opinión pública y los observadores extranjeros.
-
En
efecto -convino Bernal-. Mucha presión tiene que haber recibido Negrín de los
miembros no comunistas de su Gobierno, así como de los sindicatos, para
tragarse su exigencia de pena de muerte, que luego se indultaría.
-
¿No
crees -Bernal me había exigido el tuteo- que todo sea una maniobra del fiscal?,
inquirí. El tal Sanchis parece ser un tipo muy fino.
-
Opino
que no -contestó el Ponente-. Es un tema demasiado importante para que le den
beligerancia a un mandado.
Las conclusiones
provisionales del abogado defensor, Clemente Martínez Tendilla, suponían un
rotundo e indignado mentís a las acusaciones de espionaje y alta traición, que
juzgaba meros infundios, basados en pruebas insuficientes y falsas, que
desconocían la biografía revolucionaria y antifascista de sus defendidos. No
negaba que algunos de ellos, como dirigentes del POUM, hubieran tomado parte en
los sucesos violentos del 3 al 7 de mayo del año 37 en Barcelona, pero no como promotores
o dirigentes de los mismos -papel que incumbía a la inatacable, por poderosa,
CNT-FAI-, sino como personas que habían aprovechado los acontecimientos para
tratar de implantar sus ideas revolucionarias.
Don Bernardo, tan
pronto tuvo las calificaciones en su poder y constató las pruebas que una parte
y otra proponían, reunió el Tribunal a puerta cerrada, conmigo como relator, y clavó todas las cuestiones que, en su
día, tendrían que resolverse en la sentencia:
-
Compañeros
-comenzó-, las pruebas que van a practicarse son casi las mismas que ya tenemos
en el sumario; luego podemos ir preparando nuestra respuesta a la calificación
del fiscal. ¿Qué opináis de la acusación de espionaje y traición?
Bernal, mejor
conocedor que nadie del sumario, respondió por todos:
-
Desde
luego, el espionaje no se sostiene. El plano milimetrado fue obra de los
quintacolumnistas madrileños, ya condenados, y la nota al dorso con tinta
simpática es una indudable falsificación a cargo de los policías del SIM y de
sus amigos de la Komintern[28].
Además, lo de que la N aluda a Andrés
Nin es algo que ni se atreve a afirmar el fiscal.
-
Por
no hablar de que no juzgamos a Nin, quien lo más probable es que esté dando
malvas en algún cementerio de Madrid -apostilló el Presidente, con cierta
alarma por parte de alguno de sus colegas-.
Don Bernardo dejó pasar unos momentos, hasta
cerciorarse de que había unanimidad de posturas, en cuanto a absolver por el
espionaje. Seguidamente, prosiguió:
-
Vamos
ahora con el tema peliagudo de la traición. Yo creo que aquí -como Salvador seguramente
recordará de sus recientes oposiciones- hay que distinguir los hechos de las
intenciones.
-
Si
me permiten -intervine-, la esencia de la traición es la connivencia con el
enemigo, el propósito directo de favorecerle en la guerra. Los hechos relevantes
para ello, según el relato del fiscal, podrían ser únicamente la retirada de
una parte de la División 29 del frente de Aragón, para aplicarla a la
sublevación barcelonesa; porque las alusiones al derrotismo o al desprestigio
del Gobierno me parecen insuficientes para integrar un delito tan grave.
-
Exactamente,
apoyó el Presidente. Sería un disparate atribuir a Gorkin y compañía[29]
el compadreo con los fascistas, ni el deseo de perder la guerra. Pero lo cierto
es que se sublevaron con las armas en la mano, mantuvieron una lucha abierta
contra las fuerzas del Gobierno, se produjeron quinientos muertos y, por
último, solo se rindieron al cabo de cuatro días, cuando ya no tenían más
remedio que hacerlo. Y eso no podemos dejarlo de lado y que los acusados se
vayan de rositas…, por no aludir a la que se iba a armar con el Gobierno y sus
amigos, si absolvemos a estos traidores.
-
También
se ha mirado para otro lado en el caso de los cenetistas, que indudablemente
fueron los que empezaron el levantamiento y pudieron mantenerlo con su número y
su fuerza, argumentó uno de los magistrados de procedencia militar.
-
Pero
no es menos cierto -replicó otro- que la dirección nacional de la CNT mandó
enseguida a Barcelona a García Oliver, la Montseny[30]
y algunos más, que lograron ir parando los excesos de sus bases, a partir del 4
de mayo.
-
Señores
-terció Bernal-, nadie ha puesto a la CNT bajo nuestra jurisdicción. Dejémonos,
pues, de agravios comparativos y vayamos al grano. Si no condenamos por los
delitos de que acusa el fiscal y tampoco consideramos justo ni prudente
absolver, ¿qué rayos podemos hacer?
-
¿Puedo
sugerir algo?, dije con una osadía digna de buena causa.
-
Adelante
-sonrió Capillas-; si es posible, algo que
no suponga cortar la cabeza a nadie, ni que nos la corten a nosotros.
-
Partamos
del hecho de que los acusados, como jefes del POUM, encabezaron o, cuando
menos, participaron muy activamente en un levantamiento armado, en tiempo de
guerra, contra el Gobierno de la Nación, para conseguir fuera de toda vía legal
la implantación de un régimen político y militar distinto del vigente,
sustrayendo una parte de España a la autoridad gubernamental. ¿A qué les suena
todo esto?
-
A
delito de rebelión, desde luego -respondió uno de los magistrados, en nombre de
todos-. El problema es que el TEAT no es competente para enjuiciar ese delito:
Tendríamos que abstenernos de conocer y remitir lo actuado a un Tribunal
Popular.
-
Lo
que no sería mala idea -añadió Bernal-. ¿No ha estado este asunto danzando durante más de un año? Pues que siga así unas semanas más.
-
¡De
ninguna forma!, exclamó Don Bernardo. Seamos responsables y mantengamos la
dignidad judicial. Ya que el proceso ha llegado hasta aquí y que no se trata de
cambiar los hechos, sino el título de imputación de los mismos, veo factible
que mantengamos la competencia y condenemos por rebelión. Todavía tenemos
tiempo, puesto que el juicio seguramente va a durar varias sesiones. Tomémoslo
con calma y, entre tanto, que Bernal y Salvador se quemen las pestañas buscando
una salida airosa y bien fundada en las leyes.
***
Ciertamente, el juicio oral de la causa
contra el POUM aportó muchos momentos atractivos y hasta emocionantes, pero
nada que alterara los pronósticos de Don Bernardo. Los acusados no se jugaron
el todo por el todo y no llegaron a reconocer que habían preferido y antepuesto
sus valores personales y la ética de la
revolución al posible triunfo de una República, que marginaba cada vez más
las expectativas anarquistas y trotskistas, en pro de una dialéctica de la
eficacia y de la victoria. Aunque yo no comparta en absoluto estas ideas, no
habría sido mal momento de echar en cara a los hombres de orden de mayo del 37 que, ni habían sido capaces de
hacer la revolución, ni de lograr la victoria, que en octubre del año siguiente
aparecía ya como inalcanzable.
En cuanto a los
testigos, la mayoría gentes ilustres de la milicia o la política, dieron un
buen ejemplo de cómo se comportan los valientes
y los hombres públicos cuando se presentan ante un tribunal -he conocido
infinidad de ejemplos de ello-, a saber, mintiendo o no recordando. Como oí una
vez a Don Mariano Gómez, los testigos imparciales no recuerdan y los parciales
se acuerdan demasiado bien.
¡Y qué decir de
los peritos! Incapaces de ponerse de acuerdo en el tema crucial de la
grafología del famoso plano milimetrado, así como de la autenticidad de los
documentos en que podría fundarse el delito de espionaje, cerraron toda
posibilidad de condenar por este, salvo para el fiscal, que mantuvo con
terquedad sus conclusiones provisionales.
Todas las pruebas,
así como los interminables informes del fiscal y del defensor, se desarrollaron
en un total de cuatro días completos de vista, aunque espaciados, tal y como
Don Bernardo había programado, pues llegaron a ocupar un periodo de doce días
-del 11 al 22 de octubre-, suficiente para que el magistrado Ponente y yo mismo
preparásemos con suficiencia los puntos clave de la sentencia. A Bernal le
correspondió el relato de los hechos probados, que constituyó una exposición
precisa y bien fundada de los hechos punibles de los acusados -la versión canónica de aquellas jornadas de mayo, como encomiásticamente la
denominó Don Bernardo-. A mí incumbió poner en claro que la condena por delito
de rebelión era perfectamente subsumible en los actos u omisiones que el
Decreto de 22 de junio de 1937, fundacional del TEAT, entendía de la
competencia de este Tribunal especial. A Don Bernardo se debe la iniciativa de
apreciar la agravante de grave perjuicio para la República, que determinó la
imposición de penas en su grado máximo. Pero creo oportuno cerrar aquí este
capítulo y abrir otro -el último- para recoger con más detalle esta cuestión de
las penas aplicadas, del clamor que despertaron y de lo poca eficacia práctica
que tuvieron. No olvidaré aludir al destino que cupo a los magistrados que
juzgaron el caso, al fiscal que intervino en él y al Juez Aspirante que redacta
estas líneas.
3. Concluye el juicio… y la guerra
Ya he apuntado
antes que, en mi opinión, el fiscal Sanchis era un tipo fino; ahora añado que quizás no fuese tan bien mandado como nos
creíamos. No fue buen momento el que le tocó para formular su definitiva
petición de condena: Las iniciales ventajas de la Batalla del Ebro se habían
perdido y el ejército de la República tuvo que repasar el río, dejando expedita
la vía para que el enemigo invadiese Cataluña. De otra parte, por unas razones
u otras, las Brigadas Internacionales que aún quedaban fueron licenciadas y
despedidas, con los más lúgubres presagios para el desenlace de la guerra.
Finalmente, por esas mismas fechas, se celebró la Conferencia de Munich[31],
que dio a Hitler unos buenos meses de plazo para devorar Checoslovaquia y
prepararse para la guerra total. En consecuencia, las razonables esperanzas de
Negrín de resistir hasta que se desencadenara la guerra general de las
Potencias democráticas y comunistas contra las fascistas, se tornaba una expectativa
irreal. Y, sin embargo, he aquí que, en Barcelona, un fiscal supuestamente acomodaticio, se negaba a solicitar pena
de muerte para los jefes del POUM, aun manteniendo la acusación por alta
traición y espionaje. Eso sí, de manera completamente ilegal y para quedar él
por severo y el Tribunal por blandengue, pedía penas de treinta años de
reclusión, cuando desde hacía casi año y medio la pena máxima privativa de
libertad era de quince años. De sobra lo sabía él -me supongo-, pero no dejaba
de ser una manera de dejar al TEAT a los pies de los caballos, máxime con la
férrea censura de prensa que se mantuvo para informar de este juicio.
El Tribunal se
tomó una semana para redactar la sentencia, pese a que las bases de sus hechos,
argumentación y fallo estaban ya prefijadas. En la medida de lo posible, la
decisión fue severa: máxima pena privativa de libertad -quince años- para los
autores y once años para el cómplice. La absoluta reserva de los magistrados,
así como el hecho de que la mecanografía corriese a cargo del Ponente y de mí
mismo, evitó toda filtración hasta el momento de ser formalmente notificada al
fiscal y al defensor. No estuve presente en esa diligencia, pero me informaron
de que el acusador público se quedó de piedra con la condena por rebelión, en
tanto el defensor Tendilla dijo haberse ajustado el fallo a lo que él suponía,
si bien le iba a costar trabajo que lo digirieran
los condenados.
Todo esto,
contando con que la sentencia se votó en sábado, ocupó el lunes, día 31 de
octubre. El día 1 de noviembre -hábil en territorio republicano- no hubo manera
de hacer pública la sentencia a los periódicos, como había sido la intención de
Don Bernardo -que ya tenía preparada la nota informativa correspondiente-,
debido a la insistencia de las Autoridades de entrevistarse con el Presidente
del TEAT. Capillas se negó en redondo a recibir a nadie para dar explicaciones
ni, menos aún, para rectificar una sola coma de lo ya redactado. Por conducto
de don Mariano Gómez, el Gobierno intentó llegar a la solución salomónica de
mantener las penas, pero condenando por traición. Don Bernardo siguió en sus
trece y, harto de recibir presiones, puso su cargo a disposición del Presidente
del Tribunal Supremo y del Ministro de Justicia, quienes rechazaron el cesarlo.
Finalmente, la nota de prensa fue entregada el 2 de noviembre y al siguiente
día, los diarios pudieron insertar escuetamente la misma en sus páginas, sin
comentario ninguno.
La sentencia por
el caso del POUM despertó desde el primer momento opiniones encontradas, sobre
todo, en lo referente a la entidad de las penas. El día 5 de noviembre, ocho
ilustres políticos republicanos[32]
se dirigieron al Gobierno, mediante carta abierta, solicitando el indulto total
de las penas o, cuando menos, la nulidad del juicio, por incompetencia del TEAT.
El Consejo de Ministros ni se dignó contestar. En realidad, la postura del Jefe
del Gobierno, Negrín, y de los Ministros comunistas era totalmente la contraria:
Sentían que la decisión judicial era una bofetada para ellos y para quienes
-españoles o soviéticos- falsificaron pruebas y pretendieron hacer comulgar a
los ciudadanos con ruedas de molino, convirtiendo a levantiscos republicanos en
fascistas infiltrados. Hay quien dice que, a raíz de la sentencia del POUM,
Negrín hizo un conato de presentar su dimisión al Presidente Azaña[33],
que los propios comunistas detuvieron.
***
No habían trascurrido
ni tres meses de la sentencia de marras, cuando los nacionales estaban a las puertas de Barcelona[34].
Por propia iniciativa, visité a Don Bernardo y le hice ver la conveniencia de
tomar alguna medida para que los condenados del POUM, y otros presos sentenciados
por el TEAT, no cayesen en manos de los soldados de Franco. En realidad,
garantizar la seguridad de los reclusos incumbía a las Autoridades
gubernativas, pero no estaba de más recordarles su obligación, aunque fuese por
medio de un circunloquio respetuoso. El Presidente Capillas redactó varios
oficios idénticos para las cárceles en que teníamos presos preventivos o condenados:
Pongo en su conocimiento que este Tribunal
no tiene objeción alguna que hacer a que se traslade a los presos y penados de
su competencia a los Centros más adecuados, para garantizar su seguridad y
evitar que pudieren caer en manos de los enemigos de la República. Antes al
contrario, le exhorto a ello así como a que, de concurrir un estado absoluto de
necesidad, pueda proceder a ponerlos en libertad, dando cuenta inmediata a la
Presidencia de este Tribunal.
Recordando
especialmente a los cinco condenados del POUM, tomé en mano uno de los citados
oficios y me constituí en la Prisión de Estado, sita en la calle Déu y Mata,
para entregarlo en mano al Director del establecimiento. Dio la casualidad de
que, en la antesala del despacho de Dirección, se encontraba uno de los poumistas condenados, el Señor Arquer[35]
-quien lo había sido en calidad de cómplice, a once años de separación de la convivencia social-. Me
di a conocer y, para robustecer y agilizar en lo posible el cumplimiento de los
designios del Tribunal, le informé de la razón de acudir allí. El recluso me
contestó:
-
Adoptar
esa actitud me reafirma en la creencia de que los magistrados cumplieron con su
deber legal, entre otras cosas, porque no tenían otro remedio.
-
Así
es, en efecto -repliqué-. Ojalá llegue algún día en que la guerra no mate la
libertad y el Derecho y la justicia puedan avanzar juntos.
-
Largo
me lo fiais, concluyó Arquer sonriendo, al tiempo que nos estrechábamos la
mano, deseándonos suerte y, tal vez, volvernos a ver.
Por lo que yo sé,
todos los poumistas encarcelados
lograron pasar a Francia en las jornadas siguientes. Así pues, las condenas de
prisión han sido obligadamente conmutadas por pena de extrañamiento[36];
un destino semejante al de los magistrados y el fiscal que intervinieron en su
enjuiciamiento.
***
Como acabo de
indicar, actuando con muy buen acuerdo, los magistrados y fiscales especiales
de plantilla en el TEAT optaron por pasar a Francia, en unión de sus familias
-si las tenían consigo-, cuando los nacionales
fueron ocupando Barcelona y el territorio de la Ciudad Condal hasta el
Pirineo, en los meses de enero y febrero de 1939. Y digo que lo hicieron con muy buen acuerdo, dado que la
participación profesional en las actividades del TEAT supuso el libramiento
especial de órdenes de busca y captura, además de la pérdida general de su
condición funcionarial. En lo que respecta a Don Bernardo, me han informado de
que pudo librarse de la cárcel, y quién sabe si de algo peor, gracias a
exiliarse en Méjico, donde espero tenga una buena estancia, lo suficientemente
corta como para que pueda volver a España en buena edad, si esa fuese su
voluntad[37].
Comprenderán que, dadas las actuales circunstancias políticas, haya eludido
ponerme en contacto epistolar o telefónico con él. En cuanto al Magistrado,
dudo que se acuerde de mí, o que conserve una buena memoria de mi persona. Y
digo esto con cierto fundamento, dadas las circunstancias concretas de nuestra
despedida.
En efecto, debió
imaginar Capillas que yo marcharía con el personal del TEAT camino de Francia,
como primer paso de un prolongado extrañamiento; pero, gracias a mi previsión
de guardar los ahorros en la sucursal barcelonesa del Crédit Lyonnais[38],
pude disponer de suficiente numerario para desenvolverme en Francia. Desde
Toulouse, escribí a mis padres, quienes viajaron hasta Irún en fecha convenida,
con permisos y cartas de recomendación, a fin de que me dejaran pasar a España,
sin más obstáculo que las diligencias identificativas y policiales básicas.
Luego, en Castellar, hube de explicarme a modo sobre mi vida y milagros en la
zona republicana, durante toda la guerra. El hecho de que hubiese sido un
simple Aspirante a juez, en ciudades lejanas y con actuaciones en el mero
ámbito forense, me evitó cualquier procesamiento. A ello también ayudó el que
la gran mayoría de los magistrados a cuyas órdenes había servido, estuviesen
muertos o exiliados.
En fin, como ya
expuse en el exordio, toda mi sanción
se limitó a perder los derechos de las oposiciones ganadas y a no poder
participar en otras durante un plazo de tres años. Ahora, ya fiscal desde hace algún
tiempo, me he decidido a narrar algunos de mis recuerdos y actuaciones en zona
republicana. Como es natural, el relato permanecerá a buen recaudo, hasta que
la prescripción penal y la dulcificación o cambio de Régimen permitan su
publicación. Y, como esta no la he consultado con quienes conviví en aquellos
sucesos, he alterado sus nombres y apellidos, salvo cuando son personajes que,
por razones históricas o políticas, deban soportar que sus identidades
resplandezcan -para bien o para mal- ante la Historia.
[1]
Iniciales del Partido Obrero de Unificación Marxista, de ideología trotskista,
fundado en 1935, con implantación y relevancia exclusivamente en Cataluña.
[2]
Juez que, una vez ganadas las
oposiciones para serlo, pasaba un tiempo de prácticas, antes de recibir su
primer destino. Como consecuencia de la Guerra Civil, los Aspirantes de aquella
época pudieron pasar toda la contienda sin recibir destino definitivo.
[3] No obstante, véanse en este mismo blog los siguientes ensayos: EL DERECHO Y LA GUERRA DE ESPAÑA (VIII): TRIBUNALES “A LA
CARTA” (para el juicio de José Antonio Primo de Rivera), y EL DERECHO Y LA
GUERRA DE ESPAÑA (XII). JUICIOS POLITIZADOS: EL DEL P.O.U.M. (para el juicio a
los dirigentes del Partido Obrero de Unificación Marxista.
[4]
Dentro del sindicato anarquista CNT (Confederación Nacional de Trabajadores),
el sector más violento y extremista era el de la FAI (Federación Anarquista
Ibérica).
[5]
En las elecciones de febrero de 1936, el Frente Popular había obtenido en la
provincia alicantina algo más del 80% de los votos.
[6]
El Hotel Mediterráneo de Alicante se
inauguró en mayo de 1936. El precio medio de sus habitaciones fue entonces de
15 pesetas diarias. El salario diario de un obrero bien situado era de unas 10
pesetas.
[7]
Expresión francesa con la que se denominaba a los individuos del proletariado
activista durante la Revolución Francesa.
[8]
Checa es un acrónimo de origen ruso, con
el que se denominaban durante nuestra Guerra Civil las cárceles o centros de detención privados, a cargo generalmente de
Partidos políticos o de sindicatos. En su inmensa mayoría funcionaron en la
llamada zona roja o republicana.
[9]
Rafael Millá Santos (1891-1952), político comunista, que fue Alcalde de
Alicante entre agosto de 1936 y mayo de 1937.
[10]
Notable hotel alicantino en primera
línea del paseo marítimo, ya desaparecido, que contaba con un total de 90
habitaciones.
[11]
Es decir, intercambio de uno o varios presos en zona republicana por otro u
otros en zona nacional.
[12]
Aguardiente o licor de café, de típica
producción en la Hoya de Alcoy (Alicante). Los chocolates Valor se fabrican en la localidad alicantina de Villajoyosa desde
1881.
[13]
Francisco Largo Caballero (1869-1946), político decisivo del PSOE y la UGT, que
llegó a ser Presidente del Consejo de Ministros de la República entre
septiembre de 1936 y mayo de 1937. Juan García Oliver (1901-1980), notable
político de filiación anarquista, Ministro de Justicia de la República entre el
4 de noviembre de 1936 y el 16 de mayo de 1937.
[14] Valencia
ejerció de Capital de la República Española entre noviembre de 1936 y octubre
de 1937.
[15]
Alusión al General Miguel Primo de Rivera y Orbaneja (1870-1930), que ejerció
dictatorialmente la Presidencia o Jefatura del Gobierno español entre
septiembre de 1923 y enero de 1930.
[16]
El bombardeo aéreo de Alicante del 5 de noviembre de 1936 corrió a cargo de
aparatos italianos procedentes de la isla de Mallorca, causando -que se sepa-
dos muertos y un herido.
[17]
Indalecio Prieto Tuero (1883-1962), importante político del PSOE que, en las
fechas a que alude el relato, era Ministro de Marina, cargo que ostentó entre
septiembre de 1936 y mayo de 1937.
[18]
El primer Tribunal de Espionaje y Alta Traición fue creado por Decreto
republicano de 22 de junio de 1937, para juzgar en exclusiva los delitos que
tenían en las leyes tal denominación.
[19]
La demora en la tramitación del asunto determinó que, habiendo sido el primero
en iniciar la instrucción, fue el 54º en sentenciarse, a tenor del número que
lleva su sentencia.
[20]
Siglas del Servicio de Información
Militar, Organismo y Policía política de la República, creados en agosto de
1937 y subsistentes hasta el final de la guerra. Resultaron de la fusión de
otros órganos, en particular el DEDIDE, o Departamento
Especial de Información del Estado.
[21]
La alusión a un cadáver tenía también
que ver con el convencimiento de que ya había sido asesinado el procesado
Andrés Nin, al que se alude en la nota 23.
[22]
El grupo Golfín-Corujo fue uno de los de la Quinta Columna más eficaces de
Madrid. Fue descubierto y desmontado por la Policía republicana a partir de
abril de 1937. Sus integrantes fueron juzgados y, en su mayoría, condenados a muerte
y ejecutados en octubre de 1938.
[23]
Andrés (o Andreu) Nin Pérez (1892-1937), principal responsable del POUM. Hecho
prisionero a raíz de las Jornadas de mayo de 1937, fue asesinado por fuerzas
policiacas (republicanas, soviéticas o mixtas), en las inmediaciones de Alcalá
de Henares (Madrid), hacia el 22 de junio de 1937.
[24]
Los párrafos que siguen, en letra cursiva, corresponden con gran exactitud a lo
realmente sucedido y pueden explicar la alusión a Negrín en el título de este
relato. Para mayor justificación, remito a mi ensayo EL DERECHO Y LA GUERRA DE
ESPAÑA (XII). JUICIOS POLITIZADOS: EL DEL P.O.U.M., en este mismo blog.
[25]
Juan Negrín López (1892-1956), político socialista, Presidente del Consejo de
Ministros de la República Española entre mayo de 1937 y el final de la Guerra
Civil (marzo de 1939).
[26]
Mariano Gómez González (1883-1951), Presidente del Tribunal Supremo de la
República entre agosto de 1936 y el final de la Guerra Civil.
[27]
Ramón González Peña (1888-1952),
político socialista, Ministro de Justicia entre abril de 1938 y marzo de 1939.
[28]
Acrónimo de Internacional Comunista,
fundada en 1919, considerada con toda justicia como una correa de transmisión
de las consignas soviéticas al resto del mundo, interviniendo decididamente en
los asuntos de otros Estados.
[29]
Es llegado el momento de enumerar a los acusados del POUM, que fueron juzgados
en el juicio que se historia parcialmente en el relato. Fueron seis: Julián
Gómez García, alias Julián Gorkin (1901-1987);
Enrique Adroher Pascual, alias Gironella (1908-1987);
Juan Andrade Rodríguez (1898-1981); Pedro Bonet Cuito (1901-1980); Jordi Arquer
y Saltor (1907-1981); Daniel Rebull Cabré (1889-1958). Los cuatro primeros
serían condenados en concepto de autores, el quinto como cómplice y el sexto,
absuelto.
[30]
Federica Montseny Mañé (1905-1994),
política y sindicalista de ideología anarquista. Fue dos veces Ministra del
Gobierno de la República.
[31]
Reunión de las máximas Autoridades gubernamentales de Gran Bretaña, Alemania y
Francia, celebrada en la capital bávara con la mediación de Benito Mussolini,
en los días 29 y 30 de septiembre de 1938.
[32]
Eran los firmantes, Federica Montseny, Francisco Largo Caballero, Luis
Araquistáin, Rodolfo Llopis, Nicolau D’Olwer, Juan Peiró, José Tarradellas y Jaime
Miravitlles, por este orden.
[33] Manuel
Azaña Díaz (1880-1940), Presidente de la República Española entre mayo de 1936
y el final de la Guerra Civil.
[34] Las
tropas de Franco entraron en Barcelona el día 26 de enero de 1939.
[35] Véase
más arriba, nota 29.
[36]
El extrañamiento era una pena, ya desaparecida de nuestro Código Penal, que
implicaba la expulsión de territorio español durante el tiempo de la condena.
[37]
Nota del editor: Obsérvese que el fiscal, don Salvador Beltrán, redactó este
relato no más tarde de 1950.
[38] Histórico
e importante banco francés, fundado en 1863, con sede principal en la ciudad de
Lyon.
