sábado, 27 de mayo de 2017

EL DERECHO Y LA GUERRA DE ESPAÑA (IV): RAZONES Y SINRAZONES DEL GENERAL FANJUL

EL DERECHO Y LA GUERRA DE ESPAÑA (IV): RAZONES Y SINRAZONES DEL GENERAL FANJUL

Por Federico Bello Landrove


     Por mi vocación, soy historiador; por profesión, fiscal -ya jubilado-; por mi edad y vivencias, estudioso de la Guerra Civil o Guerra de España. Creo que son motivos bastantes para abordar esta serie de ensayos sobre El Derecho y la Guerra de España, en que procuraré aunar información veraz y brevedad amena. Su lecturas y comentarios me dirán si he acertado o no en el empeño.




1.      ¿Qué habría pasado si…?

       Algunos lo llaman anti Historia, pero en el caso de la rebelión del general Fanjul[1] me parece obligado imaginar lo que podría haber pasado, de triunfar en Madrid el Alzamiento en los días 19 y 20 de julio de 1936. Muchos piensan que, en ese mismo instante, la República se habría venido abajo fulminantemente. Otros -entre los que me cuento- opinan que, pese a todo, se habría desencadenado una guerra civil, pero con mucha menor duración y luto que la que efectivamente tuvo lugar. De cualquier modo, y sabiendo cuál acabó siendo el desenlace histórico, el éxito de Fanjul y sus hombres habría sido deseable. Mas no es de los hechos del Cuartel de la Montaña de lo que quiero escribir ahora[2], sino de algo bastante menos tratado y mucho menos conocido: de las razones alegadas por Fanjul para sublevarse y del juicio sumarísimo en que se le juzgó y sentenció a muerte. Si, en el camino, he de aludir y debatir sobre algunos hechos bélicos causales y precedentes, será de modo accesorio y con la levedad que impone y permite el género ensayo, al que pertenecen estas líneas; un texto que tiene que justificarse por sí mismo, pero que quiero dedicar in memoriam a dos de los hijos del general Fanjul, José Ignacio -asesinado en la Cárcel Modelo de Madrid, por ser hijo de su padre[3]- y Juan Manuel -Fiscal del Tribunal Supremo[4] en los años que yo comenzaba mi singladura profesional en la Carrera Fiscal-.

***

     Antes de entrar en el objeto esencial de este ensayo, quiero dejar constancia de algunos datos de la biografía del general Fanjul, que me parecen relevantes para entender y valorar lo que sigue. Me refiero a la circunstancia de que el General no era un militar a vida completa, como podría suponerse por sus últimos días. Además de la Carrera militar, Fanjul tenía la de abogado y, muy en especial, había desarrollado una amplia actividad política como Diputado en el Congreso español, en dos etapas diversas: 1ª. En el periodo de las sucesivas legislaturas de 1919, 1920 y 1923, bajo los auspicios del conservadurismo maurista. 2ª. Tras las elecciones de 1931, 1933 y 1936, como independiente o agrario. En estos últimos comicios -los de la victoria del Frente Popular-, la revisión de resultados electorales le privó del acta de Diputado por Cuenca, circunstancia que lo convirtió en un desempleado, toda vez que, en lo militar, quedó cesante, sin mando y disponible en la plaza de Madrid.

     Quiere decirse, pues, que Fanjul no era un genuino militar, en opinión de muchos de sus compañeros de profesión, y que, de otra parte, es posible que sus cualidades de táctica y mando se encontrasen un tanto oxidadas, a la hora de asumir los riesgos y dificultades de la sublevación militar en Madrid. En cambio, su experiencia como jurista y político le había dotado de amplias dotes de elocuencia y conocimientos legales, que podría demostrar, caso de optar por defenderse a sí mismo en el juicio sumarísimo que se le formaría, por su rebelión.

     En los siguientes apartados se irán deslizando algunas puntualizaciones sobre la brevísima y poco matizada semblanza que acabo de hacer sobre nuestro protagonista, en particular, en los temas jurídicos[5]. Comenzaré estos, tratando del Bando declarativo del Estado de Guerra en todas las provincias de Castilla la Nueva, suscrito por el general Fanjul, a 19 de julio de 1936.



2.      El Bando declarativo del Estado de Guerra


     Al entrar en el Cuartel de la Montaña las Fuerzas y elementos armados fieles a la República, encontraron varias hojas impresas de un presunto Bando declarativo del Estado de Guerra en todas las provincias de Castilla la Nueva, suscrito por el general Joaquín Fanjul. Por su interés, lo reproduzco por fotocopia a continuación.


     Antes de hacer algunos comentarios al texto, apuntaré la existencia de ciertas dudas acerca de la autoría del General y del propósito de hacerlo inmediatamente público y ejecutorio.
     En relación con el primer aspecto, poca vacilación cabe a la hora de aceptar que el precedente Bando fue obra del general Fanjul, toda vez que él mismo lo reconoció con detalle en la declaración prestada en el juicio sumarísimo celebrado el 15 de agosto de 1936[6]. En la versión más favorable a su posición procesal, Fanjul manifestó que se encontró en el Cuartel con un proyecto o borrador de Bando, el cual se entretuvo en resumir o extractar, en unión del Coronel [7].

     Acabada esta labor, ordenó imprimir varios ejemplares en la imprenta del Cuartel, pero -según manifestó al Tribunal- no tenía decidido publicarlos, de no recibir orden al efecto del general Mola, al que consideraba Jefe del Alzamiento militar, o del general Fernández Villegas, a la sazón el General de División más antiguo de Madrid[8].

     Por lo tanto, se está en condiciones de reputar auténtico el susodicho Bando y puedo pasar a hacer, respecto de su contenido, algunas consideraciones pertinentes[9], siguiendo el orden de su texto.

·         El preámbulo ya es ilustrativo de las razones del general Fanjul. Nadie mejor que él para resumirlas: … salvar a España de la ignominia… que no sigan gobernando bandas de asesinos ni organizaciones internacionales… exclusivo objeto de mantener el orden público y el respeto a la propiedad y a las personas. Es interesante, también, la referencia temporal que se hace a la asunción por el Ejército Español de la dirección política de España: La toma por plazo breve; una confianza compartida en los primeros momentos del Alzamiento por los jefes militares sublevados.

·         Los artículos 5º y 6º definen competencia y procedimiento penales de la Jurisdicción militar: Todos los delitos contra las personas, contra la propiedad o contra la fuerza pública… estará (sic) sometidos a los preceptos del Código de Justicia Militar de 1930[10], considerándose como delitos de lesa Patria y juzgados en juicio sumarísimo. Se constituirá en esta División, con carácter permanente[11], un Consejo de Guerra para juzgar y condenar a quienes realicen actos de los indicados y a los que no han sentido en el fondo de su alma el santo estímulo de la defensa de España[12].

·         El artículo 8º dispone la disolución de todos los sindicatos marxistas…, incautándose el Gobierno de la documentación. Incurre el General, desde su propio punto de vista, en un triple error: no incluye a los sindicatos anarquistas, tan fuertes en Madrid y muchas otras partes; decide la incautación de la documentación, pero no de su patrimonio; y entiende que es el Gobierno, no el Ejército, quien ha de realizar la incautación, siendo así que el único Gobierno existente era el Republicano, opuesto a obedecer las órdenes militares y a indisponerse con los sindicatos marxistas.

·         El penúltimo párrafo del Bando puede ponerse en relación con las exclamaciones que figuran al pie: el Ejército no sale de sus cuarteles combatiendo a ningún régimen, sino a los hombres causantes de la situación actual que lo han deshonrado… ¡¡Viva la República!!  Desde luego, pocos podrían tomar en serio esta distinción entre el Régimen y los hombres que lo encarnaban y dirigían, pero los deseos de congraciarse con los republicanos ajenos al Frente Popular aún se exacerban con la exhortación a los obreros del párrafo siguiente, que rezuma paternalismo y retórica de fraternidad: el Ejército, cuya masa sale de vuestras filas y por cuyas venas corre vuestra sangre, no os abandonará en la obra de justicia que hay que realizar.



3.      Fanjul se explaya. El alegato escrito de 2 de agosto de 1936


     En un primer momento, el general Fanjul, en su condición de Letrado, asumió su propia defensa. En consecuencia, a él fueron directamente notificados, el 1 de agosto de 1936, los autos de prisión preventiva y de procesamiento por rebelión militar, así como de incoación de procedimiento sumarísimo para su enjuiciamiento. A todo ello respondió el 2 de agosto de 1936, desde la Cárcel Modelo de Madrid, con un extenso recurso o alegato, que ocupa dieciséis folios de la causa que se le seguía. Por tanto, creo improcedente dar de él su versión literal, máxime cuando ha sido publicado en Internet[13]. En consecuencia, haré un amplio resumen del mismo, con numerosas citas literales, esperando no ofrecer una visión sesgada o insuficiente. Persigo con ello ofrecer un ejemplo descollante de cómo pensaban los militares alzados y por qué sinuosas vías llegaron a acuñar la tesis de que ellos no eran los delincuentes, sino que los rebeldes y malvados eran los otros.

·         Según la Ley constitutiva del Ejército, es deber y misión básica de este la de defender a la Patria de sus enemigos exteriores e interiores, como lo había llegado a ser el Gobierno de Madrid en su desenfrenada empresa de desangrar y arruinar a España al dictado de Rusia, persiguiendo la fe de nuestros mayores… Ello justifica y explica la masiva sublevación militar en Marruecos, Cataluña, Galicia, Navarra, Zaragoza y Burgos. En Madrid, el general Villegas[14] y el propio Fanjul esperaban las instrucciones concretas del mando del levantamiento, que finalmente no llegaron.

·         Al tener el Gobierno noticias de la sublevación militar, dio a las Fuerzas armadas de Madrid órdenes contrarias a la seguridad y al honor militar, como la de que se acuartelaran y no hiciesen nada contra las turbas desmandadas, salvo que fuesen directamente atacados, y la de que entregaran a los paisanos las armas y partes de ellas que estuvieran guardadas en los cuarteles[15]. Estas órdenes fueron cumplidas por algunos mandos, de filiación comunista, pero no por otros, que las entendieron contrarias al deber y el honor militar, dado que no servirían para otra cosa que para que las milicias socialistas asesinaran a sus hermanos.

·         Fanjul asegura que accedió al Cuartel de la Montaña, no con ánimo de sublevarlo, sino de visitar a un hijo, Oficial Médico, que estaba allí sirviendo, y, al propio tiempo, enterarse de lo que sucedía. El cerco al que, desde la tarde del 19 de julio (de 1936), se sometió al Cuartel le impidió salir del mismo. Es más, la insistencia de los rumores de que el cuartel sería asaltado aquella noche… me movió a mí a tomar la determinación de quedarme cerca de mi hijo y correr la suerte de todos los que ocupaban el edificio.

·         Seguidamente, el General resume los bombardeos de artillería y aviación que sufrió el Cuartel, durante la mañana del 20 de julio, que llevaron a parlamentar, izar bandera blanca y entregar la instalación. Una vez rendido el cuartel de la Montaña, las milicias socialistas asesinaron cafremente a ciento y pico de Jefes y oficiales y a crecido número de soldados[16], faltando a las leyes del honor y de la guerra y comportándose como salvajes y cobardes[17]
     Con base en los hechos precedentes, Fanjul establece las siguientes conclusiones:

     1ª. Que en España se ha desencadenado una guerra civil entre la mayor y mejor parte del Ejército y de los ciudadanos, y el Gobierno del Frente popular y las masas de milicianos que, armadas por él, se dedican a asesinar, robar y a otros desmanes, respecto de todo lo cual tiene el Gobierno la responsabilidad criminal y política. Ambos bandos se han lanzado a la lucha y todo parece anunciar que será larga[18].

     2ª. En Madrid nada había preparado para la sublevación, estando todo el mundo quieto y sumiso a la División, cuyas órdenes obedecieron…

     3ª. El Gobierno aprovechó la calma y el acuartelamiento de la guarnición de Madrid para, con toda clase de engaños, atacarla inesperadamente, … permitiendo el asesinato libre de Jefes y Oficiales indefensos hechos prisioneros.

     4ª. El Gobierno de Madrid es responsable como autor de los delitos cometidos…

     5ª. El Gobierno de Madrid está incurso en las penalidades señaladas en los artículos 134, 135 y 136 del Código penal[19].

     6ª. Al tratarse de una guerra civil, los beligerantes detenidos -como el general Fanjul- son prisioneros de guerra, que solo están sometidos al Derecho internacional y las leyes de la guerra, comportamiento este que, con exquisita observancia, vienen adoptando los Generales Franco y Mola, a cuyas fuerzas me honro en pertenecer… Por tanto, ni la Sala que ha asumido su enjuiciamiento, ni el Gobierno, tienen jurisdicción sobre el General. En todo caso, si el Tribunal Supremo asume el enjuiciamiento conforme a su deber, será el del Gobierno, al que habrá de declarar faccioso, que patrocina el desorden, el asesinato, el más enorme de los delitos de lesa humanidad y lesa Patria y el de insulto a centinela y fuerza armada.

     7ª. El juicio sumarísimo no es el adecuado para juzgar a Fanjul, toda vez que el Código de Justicia Militar solo lo contempla para los reos de flagrante delito que tengan señalada pena de muerte o perpetua (sic), en especial estando en campaña. Nada de eso sucede en el caso de autos, cuando los sucesos que se enjuician distan ya trece días y además no fui sorprendido, sino que me entregué voluntariamente. Se está haciendo un uso ilegal de un procedimiento en el que se priva al procesado de todas las garantías de defensa, buscando la rápida e inmediata ejemplaridad, a fin de intimidar…

     En vista de todo lo expuesto, el general Fanjul solicita del Tribunal se digne acordar estas tres cosas:

     1ª. Suspender el procedimiento sumarísimo incoado, … prosiguiendo las actuaciones por los trámites marcados en la Ley para el juicio ordinario o especial… ante la Sala sexta del Tribunal Supremo de Justicia.

     2ª. Que se me declare prisionero de guerra con todas las garantías que el derecho de gentes… y las leyes… de la guerra prescriben.

     3ª. … Que el Tribunal Supremo de Justicia declare faccioso y fuera de la Ley al Gobierno de Madrid, que armó a los partidos marxistas… lanzando a las masas, pletóricas de odio, al asesinato de gran número de jefes y oficiales y de ciudadanos pacíficos…

     Por último, el alegato concluye suplicando que se acuerde la práctica de todas las diligencias pertinentes, citando y tomando declaración a todos y cada uno de los señores que se mencionan en este escrito…

***

     Tras la lectura detenida del precedente alegato nos surge la duda de si el general Fanjul creía efectivamente en lo que estaba escribiendo, o se trataba de la mera puesta a la defensiva, mendaz y descarada, a que tantísimos justiciables apelan cuando están frente a los Tribunales de Justicia. Probablemente, de una cosa y otra habría en este caso. Con todo, me parece que hay un dato importante a consignar, cuando de valorarlo se trata. Me refiero al hecho de que difícilmente podía esperar Fanjul nada bueno de un escrito tan petulante y desaforado, como para que lo librara de la pena de muerte, por lo demás casi inexorable. Luego, más que de defensa a la desesperada, creo que puede hablarse de excesos propios de quien, ante la muerte, pretende adoptar una pose favorecedora para la Historia, por su convicción y gallardía.

     De todas formas, en el apartado siguiente de este ensayo veremos en qué quedaron los términos y el contenido de este escrito, cuando Fanjul se halló cara a cara con sus jueces, trece días después. Los cronistas de tribunales de ABC y El Sol tienen la palabra.



4.      Lo que Fanjul declaró a sus jueces[20]




     El juicio por delito de rebelión militar contra el general Fanjul y el coronel Fernández Quintana se celebró ante la Sala Sexta (o de lo Militar) del Tribunal Supremo[21], en la sala de Justicia de la Cárcel Modelo de Madrid, entre las ocho treinta y las veintitrés treinta horas del día 15 de agosto de 1936. Aunque Fanjul compareció con sus atributos de abogado (traje civil y toga), finalmente parece que también asumió su defensa en la práctica el Letrado Sr. Cobián, que llevaba la postulación de Fernández Quintana[22].

     Mis referencias al plenario o juicio oral de este procedimiento sumarísimo van a limitarse a las palabras del General, procurando que mi resumen contenga todo lo esencial que los cronistas de tribunales presentes reflejan, siguiendo un orden cronológico.

     Interrogatorio del Fiscal[23]. A las preguntas del Ministerio Público, Fanjul contestó que se hizo cargo del mando de la División por indicación del general Villegas, que era el más antiguo de los Generales de División de la guarnición madrileña. Cuando, con tal motivo, compareció -todavía de paisano- en el Cuartel de la Montaña para informarse de la situación, encontró a las tropas muy inquietas, pero no sublevadas. Si bien en espíritu estaba en contra del Gobierno (pues él no es marxista), nada pretendía entonces contra él. Es posible que hiciese algún comentario, en el sentido de que España no saldría adelante de la situación hasta que dos Generales dirigiesen los Ministerios de Guerra y Gobernación, un Almirante el de Marina y otro General fuese Presidente del Consejo de Ministros: Es posible que lo dijese, pero no se acuerda. En ningún momento arengó a las tropas, ni las aleccionó para que se rebelasen[24]. Siendo el coronel del Regimiento de Infantería Covadonga amigo suyo, aceptó su invitación para quedarse a comer y tomar café. Habiéndose hecho ya tarde para salir del Cuartel cercado, vistió el uniforme militar que le habían traído de casa y se quedó en la Montaña para seguir el mismo destino de su guarnición. Al Cuartel había ido acompañado por unos hombres vestidos de paisano pero que le parecieron militares. Es cierto que telefoneó en varias ocasiones a las instalaciones militares de Campamento, pero no les dio ninguna orden.

     Interrogatorio del Abogado, Sr. Cobián. Es cierto que el 6 de julio precedente se había entrevistado con el general Mola en Pamplona, pero este no le dio ninguna orden ni le informó precisamente de la conspiración militar, de la que el declarante ya tenía noticia. Desde luego, si Mola le hubiese dado alguna orden, él la habría cumplido. En el Cuartel de la Montaña fue girando visita a las tres Unidades allí acuarteladas: Alumbrado, Zapadores e Infantería, quedándose en las dependencias de esta última. Pasó durmiendo la noche del 19 al 20 de julio, despertándole el fragor de los tiros y cañonazos, ante lo que se trasladó a Zapadores. Un capitán disidente colocó un trapo blanco en una ventana y eso pudo confundir a los asaltantes. También hubo conatos de insubordinación de suboficiales y tropa, que el Coronel de Infantería fue a aplacar. El dicente no arengó a nadie. Finalmente, rendido el Cuartel, se entregó a fuerzas de Asalto en las dependencias del Grupo de Alumbrado.

     Aclaraciones al Presidente del Tribunal[25]. Insiste en que tenía meras referencias de que Mola era el Jefe de la conspiración militar y, en esa convicción, habría cumplido sus órdenes, si se las hubiese dado, lo que no fue el caso. De hecho, no le informó precisamente de la marcha del próximo levantamiento, limitándose a expresar a Fanjul su inquietud por la situación.

     La última palabra del general Fanjul. Por su extensión, fue más un informe o alegato, que encabezó con el compromiso de decir la verdad, aunque pudiera suponerle la pena de muerte[26].

     Lo primero fue una batería de noes: No tomó el mando de la División. No arengó a las tropas del Cuartel de la Montaña. Aunque redactó un Bando declarativo del Estado de Guerra, no lo publicó. No hubo sublevación de los militares de la Montaña. No salieron del Cuartel, conforme a lo que se les había ordenado. Los Jefes militares se habrían entregado al Gobierno, pero no a la furibunda multitud que los atacaba.

     Seguidamente, el reconocimiento a medias de su culpabilidad: Al Cuartel solo fue a enterarse de lo que en su interior pasaba. Sí conspiró en pro del levantamiento militar, pero su participación en él no llegó a nada más.

     Según entrecomillado del reportero de El Sol, las últimas palabras de Fanjul al Tribunal fueron estas: Tenga la seguridad la Sala de que yo salgo por aquella puerta sin rencor para nadie. Solo con el pensamiento de pedir a Dios que termine esta noche fatídica y que se salve España y que acabe esta sangría que no sé a dónde va a parar.

***

     Nota oficial, emitida en Madrid, correspondiente al día 17 de agosto de 1936:

     La Sala sexta del Tribunal Supremo, constituida en Consejo de Guerra, ha juzgado al ex general Fanjul y al ex coronel Fernández Quintana y dictado sentencia de acuerdo con la petición fiscal[27].

     La sentencia ha sido cumplida esta mañana, a las cinco y diez, en la Cárcel Modelo.







[1]  Joaquín Fanjul Goñi (1880-1936), General de División, al mando en Madrid de la sublevación militar de julio de 1936.
[2]  Con toda la parcialidad -casi hagiográfica- que se quiera, el relato más detallado y preciso que conozco es el de Joaquín Arrarás Iribarren en su extensa obra, Historia de la Cruzada Española, con varias ediciones a partir de 1938, siendo la más accesible la facsimilar en siete tomos de la editorial Datafilms, Madrid, 1984. El texto relativo a los hechos bélicos del Cuartel de la Montaña de Madrid está reproducido para Internet en la w.w.w.generalisimofranco.com/caidos/montaña, cuya versión sigo para este ensayo.
[3]  José Ignacio Fanjul Sedeño, Teniente Médico, preso en la Cárcel Modelo de Madrid, fue asesinado durante un asalto a la misma, el 23 de agosto de 1936.
[4]  Juan Manuel Fanjul Sedeño (1914-1989), fue Fiscal del Tribunal Supremo o Fiscal del Reino (la denominación, equivalente a la posterior de Fiscal General del Estado, era entonces oscilante) en los años 1978 a 1980.
[5]  Sobre los temas de táctica y logística, los episodios del Cuartel de la Montaña fueron analizados muy tempranamente por el Coronel de Artillería, diplomado de Estado Mayor, José Fernández Ferrer, La acción militar inicial, Revista “Ejército”, nº 16, mayo de 1941.
[6] Como fuentes del mismo, he utilizado las hemerotecas del diario ABC (ejemplar del 16 de agosto de 1936, páginas 9 y 10) y de la Biblioteca Nacional de España, donde se conserva la colección histórica del diario El Sol entre 1917 y 1939 (para el caso, número del 16 de agosto de 1936, página 2). He de reconocer la existencia de algunas divergencias entre sus respectivas versiones, así como el mayor detalle de la ofrecida por El Sol. Ambas cosas se constatan en este tema del Bando declarativo del Estado de Guerra.
[7] En mi opinión, se alude al Coronel del Regimiento de Infantería Covadonga nº 4, Moisés Serra Bartolomé, muerto al concluir el asedio del Cuartel de la Montaña, aunque también podría tratarse hipotéticamente del Primer Jefe del Regimiento de Ingenieros Zapadores Minadores, Tomás Fernández Quintana, detenido y juzgado en el mismo procedimiento sumarísimo en que lo fue el General Fanjul.
[8] Por el contrario, Joaquín Arrarás (obra citada en la nota 2) señala que Fanjul estuvo dispuesto a hacerlo público por sí, siendo el estrecho cerco del Cuartel lo que le obligó a desistir de su empeño.
[9] Tengo presente -y a él me remito- el contenido de mi ensayo El Derecho y la Guerra de España (III): Consejos de Guerra y Tribunales Especiales franquistas, que puede consultarse en este mismo blog.
[10] Salvo que se trate de una improbable errata, la alusión a 1930 es notable: Fanjul, como otros jefes militares alzados, no aceptaba las modificaciones del Código de Justicia militar de 1890, que había introducido en él la República.
[11] El general Fanjul se adelantaba a su tiempo. Los Tribunales Militares permanentes no se generalizaron en la España nacional hasta comienzos de 1937. Véase mi trabajo citado en la nota 9.
[12] Fanjul acoge en estas últimas palabras una disparatada posibilidad: convertir en delito un defecto de sensibilidad anímica.
[13] En concreto, en el sitio web limpia.centroeu.com. Según dicha fuente, se trata de la primera publicación en la Red (junio de 2011), sobre la base del texto original, incorporado a la Causa General, legajo 1.515, expediente 11, folios 52-67.
[14] Rafael Villegas Montesinos (1875-1936), con quien los alzados contaban para que encabezase la rebelión en Madrid, cosa que finalmente no se produjo. Preso en la Cárcel Modelo de Madrid, fue asesinado en la madrugada del 23 de agosto de 1936, en el mismo asalto en que encontró la muerte el hijo del general Fanjul, aludido en la nota 3.
[15]  Entre estas partes de armas, se encontraban los cerrojos de los fusiles que, en número entre 45.000 y 60.000 (en 58.000 los cuantificó Fanjul en el alegato que resumo), se custodiaban en el Cuartel de las Montaña, sin los cuales no se podían disparar. Se trataba de una argucia muy frecuente que, por ejemplo, también se empleó en Oviedo en las mismas fechas.
[16] Las cifras presentan ligeras oscilaciones (que pasan a ser grandes, cuando se incorporan a ellas las muertes de días sucesivos y las ejecuciones tras condena en sumarísimo). Arrarás ofrece unos datos, numéricos y de identidad nominal, que alcanzan los 150 muertos in actu (122 militares y 28 falangistas) y 74 muertos por represalias y ejecuciones posteriores (47 militares y 27 falangistas). El número más crecido de militares fue, en efecto, el de jefes, oficiales y cadetes de Academias: alrededor de un centenar.
[17] Aunque nadie pueda asegurar el alcance de su repercusión, está acreditado que contribuyó a la exasperación de los sitiadores la mala interpretación de una bandera (sábana) blanca que colocaron en una de las ventanas del Cuartel ciertos militares que pretendían desertar y rendirse. Los asaltantes lo tomaron como símbolo de una rendición global y avanzaron en descubierta, recibiendo una granizada de balas de fusil y ráfagas de ametralladora, falleciendo muchos (Arrarás).
[18] Que es todo lo contrario de lo escrito por el propio General en su Bando de 19 de julio de 1936, como hemos visto (supra, apartado 2). Tal vez cambió de opinión con los datos adquiridos entre dicha fecha y el 2 de agosto siguiente.
[19]  Se trata de Delitos que comprometen la paz o la independencia del Estado, para los que la máxima penalidad prevista es la de reclusión menor (de 12 años y un día, a 20 años de privación de libertad).
[20]  Sigo las crónicas del juicio de los diarios madrileños ABC y El Sol, del 16 de agosto de 1936. Más detalles, en la nota 6.
[21]  Sobre la composición de la Sala, he de hacer un par de observaciones: 1ª. Conforme al Decreto-Ley de 11 de mayo de 1931, la Sala Sexta del Tribunal Supremo estaba compuesta por seis magistrados: dos civiles, tres Jurídicos Militares del Ejército y un Jurídico Militar de la Marina. Sin embargo, la referencia del diario El Sol dice que, en el juicio de Fanjul y Fernández Quintana, la Sala estaba compuesta por once magistrados. 2ª. Para mayor perplejidad en cuanto al elevado número de componentes, he de recordar que, en su informe final en el juicio, el Defensor Cobián alegó el defecto de forma -según él- de que la Sala no se había constituido con tres Jurídicos del Ejército, sino con dos. Según esto, el número de magistrados presentes debería haber sido de cinco. Claro que podría haber sucedido que, entre 1931 y 1936, se hubiese aumentado el número de miembros de la Sala VI del Tribunal Supremo, pero me parece casi imposible que lo hiciera en una cifra tan crecida. Así pues, a falta de comprobaciones adicionales, he de suponer que el periodista de El Sol pudiera haberse equivocado.
[22] En las referencias periodísticas queda claro que Cobián formuló conclusiones definitivas en nombre de ambos coacusados y que en su informe defendió a ambos. El discurso final de Fanjul sería, pues, una expansión del derecho a la última palabra, con la tolerancia del Tribunal.
[23] Actuó como Fiscal principal el Sr. De la Paz Mateos, auxiliado por sus colegas Vallés y Montojo.
[24] Por está única vez, me atreveré a desmentir al General, con el autorizado testimonio de su hijo Juan Manuel, testigo presencial de los hechos, en sus declaraciones a la revista Blanco y Negro, número del 16 de julio de 1966, páginas 49 y 52: Luego, habló sucesivamente a las tres Unidades acuarteladas en el edificio militar… dijo en su arenga que “vamos a vencer o morir pero, en cualquier caso, salvando el honor militar”. Y, posteriormente, ya herido y con el Cuartel bajo el bombardeo: … erguido y digno, dirigió la palabra a la tropa. Su decisión final era esta: el Cuartel se hundiría con todos sus defensores dentro.
[25] Era D. Mariano Gómez González, muy pronto nombrado Presidente del Tribunal Supremo. Con él formaban la Sala otros diez magistrados (con la salvedad enunciada en la nota 21).
[26]  Su efectivo Defensor había solicitado para él la pena de reclusión perpetua, al haber quedado el delito de rebelión en grado de conspiración (artº 241 del Código de Justicia Militar) y concurrir en las violencias del Cuartel de la Montaña la eximente de legítima defensa, pues las tropas fueron injustamente atacadas.
[27] La petición fiscal para ambos acusados era la de pena de muerte, considerándolos autores del delito de rebelión militar del artº 237 del Código de Justicia Militar, con la agravante de la gran transcendencia y daño producido en la disciplina del Ejército y en la vida nacional.

sábado, 20 de mayo de 2017

EL DERECHO Y LA GUERRA DE ESPAÑA (III): CONSEJOS DE GUERRA Y TRIBUNALES ESPECIALES FRANQUISTAS


EL DERECHO Y LA GUERRA DE ESPAÑA (III): CONSEJOS DE GUERRA Y TRIBUNALES ESPECIALES FRANQUISTAS

Por Federico Bello Landrove

     Por mi vocación, soy historiador; por profesión, fiscal -ya jubilado-; por mi edad y vivencias, estudioso de la Guerra Civil o Guerra de España. Creo que son razones bastantes para abordar esta serie de ensayos sobre El Derecho y la Guerra de España, en que procuraré aunar información veraz y brevedad amena. Su lecturas y comentarios me dirán si he acertado o no en el empeño.



1.      JUSTICIA DE GUERRA Y JUSTICIA MILITAR.

     Que el Alzamiento o Movimiento Nacional contra la República fuera, ante todo, una rebelión contra esta de buena parte de las Fuerzas armadas, explica que, desde el primer momento, los sublevados -cuya dirección era casi exclusivamente militar- apelaran a su Justicia para reprimir la resistencia con un mínimo de apariencia legal. Antes de que Franco alcanzase la Jefatura del Gobierno y del Estado, así como el puesto de Generalísimo de los Ejércitos, ya los alzados habían tomado la resolución de someter a la Jurisdicción de Guerra a los rebeldes y a todos aquellos que, siendo autoridades, funcionarios o miembros de Corporaciones, no prestaren inmediatamente el auxilio requerido a los sublevados para el restablecimiento del orden y la ejecución de lo mandado. Esta es la línea seguida por el Bando declarativo del Estado de Guerra… extensivo a todo el territorio nacional, firmado en Burgos, a 28 de julio de 1936, por el general Miguel Cabanellas, como Presidente de la Junta de Defensa Nacional de España[1]. Para mayor detalle, se indicaba que el enjuiciamiento se llevaría a cabo por el procedimiento sumarísimo, regulado en el Código de Justicia Militar[2].

     La entrada en funcionamiento de la Jurisdicción militar en Estado de Guerra, así como el empleo en tal situación de procedimientos de urgencia, era algo habitual, que la entonces vigente Ley de Orden Público republicana preveía[3]. Cosa distinta, que rebasa los términos de este ensayo, son las cuestiones no procesales que plantea el Bando susodicho, como la desmesurada ampliación del delito de rebelión militar y el no exonerar de responsabilidad penal a quienes, previa intimación por la Autoridad militar, depusiesen toda actividad o actitud hostil hacia esta. Desde el punto de vista procesal, lo que llama la atención es el aspecto cuantitativo, es decir, la enorme extensión que se da a la competencia de los tribunales militares y a la aplicación del procedimiento sumarísimo, con lo que ello implicaba de disminución de garantías para los inculpados.

     Pero ni aún eso nos permite llegar al meollo de las justas críticas que se han formulado contra el empleo por el Régimen -calificado posteriormente de franquista- de los Consejos de Guerra. Ese punto clave no es otro que la pervivencia del sistema procesal de guerra durante décadas, cuando era evidente que el Estado de Guerra no existía en la práctica y -aunque menos claro- tampoco en la vida jurídica[4]. ¿Por qué se mantuvo este sistema durante tanto tiempo? Sin duda, por la confianza que al General Franco y a su Régimen brindaba el que los adversarios políticos fuesen enjuiciados por una jurisdicción tan contraria a estos, como la militar. Y no solo se trata de constatar afinidades ideológicas y de intereses, sino de reconocer, con todas las matizaciones que se quiera, que ser sometido a Consejo de Guerra sumarísimo era un terrible episodio, que los acusados emprendían forzosamente con un bagaje muy escaso de garantías y de imparcialidad. En lo que sigue se comprobará esto en gran medida, al exponer las líneas generales del procedimiento que les era aplicado.

     La normativa ofrece abundantes ejemplos de la instrumentación de los militares y su Justicia por el Movimiento Nacional, que ellos habían alumbrado y del que eran indudables beneficiarios. Tomemos el ejemplo sobresaliente del Decreto-Ley sobre represión de los delitos de Bandidaje y Terrorismo, de 18 de abril de 1947 (es decir, promulgado a los ocho años de terminada la Guerra). Una vez más, se apeló a la competencia de los Tribunales militares y al procedimiento sumarísimo para el enjuiciamiento. Era, sin duda, la resurrección práctica de los Consejos de Guerra para la delincuencia política, en un momento en que los hechos de la Guerra -y anteriores[5]- habían sido ya juzgados en su inmensa mayoría.

     La frecuente y drástica aplicación de la Justicia militar para castigar la disidencia política al Movimiento Nacional se mantuvo sustancialmente sin cambios hasta la Ley 154/1963, de 2 de diciembre, que creó el Tribunal de Orden Público para asumir tales competencias. Todavía en 15 de noviembre de 1971, la Ley 42/1971 ampliaría el concepto de terrorismo y delitos conexos, que seguían sujetos al conocimiento de la Jurisdicción militar. Y así, los Consejos de Guerra continuaron conociendo del bandidaje y del terrorismo durante toda la vida de Franco[6] y aún más allá: concretamente, hasta la promulgación del Real Decreto-Ley de 4 de enero de 1977, que creó la Audiencia Nacional (Sala de lo Penal y Juzgados Centrales de Instrucción).


2.      COMPOSICIÓN DE LOS CONSEJOS DE GUERRA.-


2.1.            Los primeros tiempos. Falta de especialización.

     Los Consejos de Guerra o Tribunales Militares de la Guerra Civil y de la posguerra respondían a dos principios esenciales, de los que derivaban muchas de sus características y deficiencias: 1º. Estar formados exclusivamente por militares. 2º. Estar sujeta la designación a una amplia discrecionalidad de la Autoridad militar, sin exigirse por lo general conocimientos jurídicos, es decir, el título de Letrado o la pertenencia al Cuerpo Jurídico Militar. En cambio, se respetaban sobremanera consideraciones de rango, cumpliéndose siempre, o en lo posible, estas exigencias: 1ª. Que el Presidente del Tribunal fuese un Jefe[7] y los vocales, como mínimo, Oficiales. 2ª. Que, si se juzgaba a un General, el Presidente y el mayor número posible de Vocales fuesen también Oficiales Generales. 3ª. Que el Presidente del Tribunal tuviera, al menos, el mismo rango que el acusado más relevante, si los inculpados eran militares.

     Las mismas normas sobre nombramiento, falta de conocimientos y jerarquía se cumplían con los Jueces Instructores, quienes habían de dirigir y formar el sumario.

     Por el contrario, además de la condición de Oficiales, se exigían conocimientos jurídicos, al tratarse en lo posible de Jurídicos del Ejército o de la Armada, en estas dos personas:
·         El Fiscal de la causa quien, gracias a su profesionalidad, tenía una superioridad evidente sobre el Defensor, como luego veremos.
·         El Vocal Ponente que, por sus conocimientos, estaba llamado a ganarse con cierta facilidad la voluntad de los otros miembros del Tribunal y, en todo caso, los asesoraba en cuestiones jurídicas y redactaba las sentencias, conforme a la decisión de la mayoría.

     Por Decreto nº 70 de la Jefatura del Estado de fecha 8 de noviembre de 1936, se autorizó que, con carácter voluntario, Jueces y Fiscales civiles pudiesen integrarse con carácter provisional en los Cuerpos Jurídico Militares, con graduación equiparada a Alféreces o Capitanes, según los casos.

     Uno de los puntos en que más se ha censurado la normativa de los Consejos de Guerra de la época ha sido el de que -salvo el caso especial de los Letrados que se defendiesen a sí mismos- los Defensores habían de ser Oficiales militares, sin necesidad de tener título de Letrado. La designación, en principio, correspondía al acusado, dentro de un escaso margen de opciones. De no designarlo aquél, era la Autoridad militar quien lo nombraba de oficio.

2.2.            La creación de Juzgados y Tribunales Militares Especiales.

     Con las tropas nacionales a las puertas de Madrid, Franco creyó que era cosa de días entrar en la Capital y, para ir preparando la logística de la represión, emitió un Decreto (el nº 55, de fecha 1 de noviembre de 1936), en el que adoptaba dos decisiones: 1ª. Reducir, aún más, la duración y garantías de los procesos, al pasar, del procedimiento sumarísimo, al sumarísimo de urgencia. 2ª. La creación de Consejos de Guerra e Instructores permanentes, acabando con el sistema anterior de designarlos para cada caso concreto (la verdad es que se repetían mucho los nombres).

     Aunque el fracaso ante Madrid impidió que dicho Decreto se aplicara entonces en dicha Villa, las directrices prosperaron para toda la Zona nacional, en la que se generalizaron por el Decreto nº 191, de 26 de enero de 1937. Veamos a muy grandes rasgos lo que significaron aquellas dos novedades.

·         El procedimiento sumarísimo de urgencia agilizaba aún más la tramitación de los sumarísimos, en especial en su fase de instrucción. Con todo, era tal la preexistente precipitación y falta de garantías, que apenas se notó la modificación, ni tuvo una transcendencia digna de mención[8]. Seguramente esa inanidad fue la que determinó el retorno al mero sumarísimo, con carácter general, en la Ley de Seguridad del Estado de 12 de julio de 1940.

·         En todas las provincias que hubieran sido tomadas o se tomaren en el futuro habrían de funcionar uno o más Juzgados Militares de Instrucción y uno o más Tribunales Militares Permanentes, cuyos funcionarios seguían siendo designados por la Autoridad militar, pero con una estabilidad que en ningún caso equivalía a la inamovilidad judicial. Desde el punto de vista numérico, lo más llamativo es la reducción a tres (en vez de cinco) de los Vocales legos, que constituían el Tribunal junto al Presidente y al Vocal Jurídico Militar.

Resulta lógico pensar que la permanencia significaría la adquisición -inicial o sobre la marcha- de una cierta profesionalidad; pero también es lógico suponer que la Autoridad militar tendría aún mayor cuidado en designar Instructores, Presidentes y Vocales plenamente identificados con su ideario y bien mandados.

De todos modos, reconozco sin ambages que no he consultado acerca de esta cuestión trabajos prácticos ni doctrinales.


3.      TRAMITACIÓN DE LOS PROCESOS [9].

3.1.            Fases de instrucción e intermedia.

     Suponiendo que la nota de urgencia del procedimiento sumarísimo no acortase o suprimiese trámites, la instrucción del sumario -cuyas diligencias siempre tenían carácter secreto- se contraía a las siguientes actuaciones:
·         Recepción de la notitia criminis, por medio de denuncia, atestado o expediente administrativo.
·         Designación del Juez Instructor por la Autoridad judicial competente.
·         Ratificación de la denuncia y toma de declaración a los testigos considerados indispensables.
·         Declaración de los inculpados, sin asistencia letrada.
·         Aportación de informes de conducta de los inculpados, a cargo del Alcalde y del Párroco de su residencia, así como por la Guardia Civil y la representación de Falange Española.
·         Auto de procesamiento.
·         Declaración indagatoria de los procesados.
·         Auto resumen de todo lo actuado y de su resultado, a cargo del Juez Instructor, remitiendo seguidamente las actuaciones a la Auditoría de la Autoridad militar. La recepción del sumario por el Auditor abría la fase intermedia.

     Recordemos que, a tenor del artº 653-1ª del Código de Justicia Militar de 1890, la situación personal de los inculpados durante toda la tramitación de los sumarísimos era la de prisión preventiva.

     En la fase intermedia se van desarrollando con toda rapidez las actuaciones siguientes:

·         Decisión por la Autoridad militar, a propuesta de su Auditor, sobre tener el sumario por completo, o bien ordenar al Instructor la práctica de diligencias adicionales. Esto último era inusitado y se consideraba una censura encubierta a la competencia o laboriosidad del Instructor.

·         Una vez completo el sumario, se decidía por la Autoridad militar, a propuesta de su Auditor, sobre el sobreseimiento de la causa o su elevación a plenario. El sobreseimiento podía ser libre (definitivo) o provisional (permitía la reapertura de la causa, de aparecer nuevas pruebas o motivos para ello).

·         Si se acordaba la elevación a plenario, nombramiento por la Autoridad militar del Tribunal (salvo que fuese Permanente), Fiscal y Defensor. Hasta este momento, los inculpados carecían de defensa procesal.

·         Fijación de lugar, día y hora para la celebración del plenario, decisiones que solían dejarse a la logística del Jefe militar de la plaza en que había de desarrollarse.

·         Entrega de las actuaciones al Fiscal y al Defensor, para que tomaran conocimiento de las mismas. Se ha llamado la atención escandalizada por lo preceptuado en el artº 658 del Código de Justicia Militar de 1890 que, en los procesos sumarísimos, preveía no más de tres horas para que el Defensor se instruyera de la causa. Hemos de decir que era frecuente disponer de más tiempo, en la medida en que el plenario no se celebrase de manera inmediata; y, dicho sea en honor a la verdad, solían ser tan pocas las diligencias de instrucción, que sobraba con el tiempo concedido, para enterarse de ellas. Cosa distinta era la casi total imposibilidad de encontrar pruebas de descargo en el breve tiempo entre el conocimiento de los autos y la celebración del plenario, aunque también en este aspecto la realidad se acomodaba a las posibilidades, dado que era muy poco frecuente que el Tribunal aceptara la práctica de pruebas, no conocidas durante la instrucción. De hecho, en el sumarísimo de urgencia la única prueba que podía practicarse en el plenario era la testifical.

3.2.            El Plenario, o Consejo de Guerra en sentido estricto.

     El plenario, por regla general, tenía carácter público y se celebraba (salvo cuando era respecto de reos ausentes) con la presencia de todos los inculpados. Las pruebas solían reducirse a las declaraciones de aquellos y a las de los testigos de cargo y de descargo que estuvieran presentes y el Tribunal juzgase necesario escuchar (pues, en principio, se daban por buenas sus declaraciones sumariales). La tendencia general de los Tribunales era la de practicar el menor número de pruebas posible (y de forma sumamente acelerada), para despachar los juicios a la mayor brevedad, dado que eran muchos y se pretendía que la justicia se administrase con toda rapidez (dicho queda: en forma sumarísima y urgente). Con todo, cabía la posibilidad legal de que el Tribunal suspendiese la celebración del plenario, para hacer comparecer a testigos de cargo o de descargo que no se encontraran en la sala.


     Concluida la práctica de la prueba, podía acordarse una breve suspensión, a fin de que el Fiscal y los Defensores pusieran en orden sus notas y prepararan la petición verbal que iban a hacer a continuación (artº 659 CJM de 1890). En efecto, el siguiente trámite, fundamental, era la calificación de los hechos y la petición de penas (o de absolución) por el Fiscal, seguida de análoga formulación verbal de las Defensas. Un breve informe de todas las partes en defensa de sus conclusiones y el trámite de última palabra por todos los acusados que lo desearan, ponía fin al Plenario y daba lugar a que el Tribunal se retirase para deliberar, votar y redactar la sentencia en privado.

     La sentencia respondía al parecer de la mayoría de los miembros del Tribunal, resolviendo los empates la decisión del Presidente. La votación la comenzaba el Vocal Ponente; seguía el resto de los vocales, por orden inverso a su grado y antigüedad, votando el Presidente en último lugar. Se redactaba por escrito (frecuentemente, a mano). Todos estos trámites se llevaban a cabo con gran rapidez, lo que inevitablemente implicaba la brevedad relativa y los clichés estereotipados del texto de la sentencia, así como frecuentes errores, tachaduras e interlineados.

3.3.            Aprobación de las sentencias. El enterado. Régimen de recursos.

·         Ha provocado severas críticas, como contrario a la más básica independencia judicial, el que las sentencias de los Consejos de Guerra de la España nacional o franquista hubieran de ser aprobadas por la Autoridad militar y su Auditor, para adquirir carácter definitivo y ser ejecutadas[10]. Comparto la censura, perfectamente extensible a los Tribunales Populares de Guerra de la República, cuyas sentencias habían de ser aprobadas, no solo por la Autoridad Militar y su Auditor, sino por el Comisario Político competente del Ejército Popular[11].

·         La susodicha aprobación hacía inmediatamente ejecutiva la sentencia, a no ser que implicara una condena a muerte. En ese caso, tenía que ser comunicada (a partir de marzo de 1937) a la Auditoría del Cuartel General del Generalísimo (posteriormente, Jefatura del Estado). Franco, de conformidad o no con su Auditor, podía indultar la última pena (conmutándola de ordinario por la de treinta años de reclusión), o bien estampar en la sentencia la fórmula de enterado, lo que suponía el visto bueno para su ulterior ejecución, habitualmente por la técnica del fusilamiento.

·         La ubicación del Tribunal Supremo en zona controlada por la República facilitó la decisión de los militares alzados, de desconocer en absoluto la fórmula de que una Sala de dicho alto Tribunal (a la sazón, la Sexta) pudiera enmendar la plana a los Tribunales estrictamente militares. Cuando se sintió la conveniencia de que hubiese un Tribunal de máxima categoría en materia militar, se acudió al expediente de crearlo al margen de la Justicia ordinaria e integrado solo por militares y jurídico-militares[12]. Dicho Órgano, llamado inicialmente Alto Tribunal de Justicia Militar, fue creado por Decreto de 24 de octubre de 1936. Por Ley de 5 de septiembre de 1939, ese Alto Tribunal fue reemplazado por el llamado Consejo Supremo de Justicia Militar, que ya se mantuvo activo durante todo el periodo franquista.

Uno de los objetivos de estos Altos Tribunales Militares era el de conocer de los recursos contra las sentencias de los Consejos de Guerra. La presunta dicción imprecisa del Código de Justicia Militar de 1890 a este respecto, dio pie a una Circular del Alto Tribunal de Justicia Militar, dada en Valladolid, a 21 de noviembre de 1936, según la cual se entenderá limitada la posible interposición de recursos a aquellos procedimientos que no tengan carácter de sumarísimos. En consecuencia, las sentencias de los Consejos de Guerra celebrados al amparo de la legislación de estado de guerra y análogas fueron irrecurribles[13].

3.4.            La cláusula de remisión por escasa gravedad, a la Jurisdicción civil.

     El servilismo de la Jurisdicción civil u ordinaria hacia la militar a todo lo largo del periodo del Alzamiento y el Franquismo, se puso de manifiesto ya desde el Bando declarativo del Estado de Guerra para todo el territorio nacional, de 28 de julio de 1936, cuyo artículo décimo disponía: La Jurisdicción de Guerra podrá dejar de conocer, remitiéndolas a la Jurisdicción ordinaria, de las causas incoadas que, hallándose comprendidas en este Bando, no tengan, a juicio de las Autoridades Militares, relación directa con el orden público.

     Todavía el citado texto mantenía un mínimo de cortesía, al aludir a un concepto jurídico, aunque indeterminado, la relación directa con el orden público. Subyacía, empero, la obvia posibilidad real de quitarse de encima todas las causas que no tuvieran un mínimo interés personal o material para los militares. No se trata, por mi parte, de una infundada suspicacia. En fecha tan separada de la Guerra Civil, como lo fue el 21 de septiembre de 1960, se promulgó el Decreto 1794/1960 (Boletín Oficial del Estado del 26-09-1960), que revisaba y unificaba toda la legislación en materia de orden público. Pues bien, en su preámbulo pueden leerse las siguientes palabras:

     … manteniendo, desde luego, la atribución de la competencia a la jurisdicción castrense y el trámite de los procedimientos en juicio sumarísimo, con facultad de inhibición en favor del fuero ordinario, cuando los hechos, por no afectar al Orden Público o por su escasa relevancia, no ofrezcan características de gravedad. (Naturalmente, el subrayado es mío)



4.      ALUSIÓN A LOS TRIBUNALES ESPECIALES: MASONERÍA Y COMUNISMO Y RESPONSABILIDADES POLÍTICAS.

     Aunque su naturaleza jurisdiccional pueda ser muy discutible, es lo cierto que el Franquismo, además de en los Tribunales militares, se apoyó para la represión de la disidencia en ciertos Tribunales especiales, que merecen por mi parte una alusión: el Tribunal de Represión de la Masonería y del Comunismo y los Tribunales de Responsabilidades Políticas.

4.1.            Tribunal de Represión de la Masonería y del Comunismo.

     La Ley de 1 de marzo de 1940 rindió tributo a una de las obsesiones más estudiadas del General Franco, al perseguir específicamente pertenecer a la masonería, al comunismo y demás sociedades clandestinas a que se refieren los artículos siguientes (artº 1, pfo. 1º de la citada Ley). El enjuiciamiento de tales conductas quedaba confiado a un Tribunal especial único para todo el Estado, cuyos cuatro miembros eran nombrados por el Jefe del Estado, sin otra limitación que la de ser su Presidente un General del Ejército y sus tres Vocales, un Jerarca de Falange Española Tradicionalista y dos Letrados. Sin perjuicio de ello, el Tribunal podía confiar total o parcialmente la instrucción de sus expedientes a la Jurisdicción ordinaria o a cualquiera de las militares, si bien se creó un poco eficaz Juzgado de Comunismo, por Decreto de 18 de septiembre de 1942.

     El procedimiento, completamente inquisitivo, no tenía otra determinación que la voluntad de los miembros del Tribunal, celebrándose las sesiones a puerta cerrada, sin que los inculpados pudieran intervenir con defensa letrada. Era parte obligatoria el Fiscal.

     Las sentencias podían imponer las más diversas penas, tales como incautación de bienes; privación de profesión, oficio o cargo, incluidos los derechos económicos ya consolidados; privación de libertad por términos de doce años y un día a veinte años que, para los dirigentes de las sociedades clandestinas, se elevaba a reclusión mayor (de veinte años y un día, hasta treinta años).

     Contra las sentencias del Tribunal cabía recurso ante el Consejo de Ministros, por quebrantamiento de forma, error de hecho o injusticia notoria.

     El Tribunal de Represión de la Masonería y del Comunismo fue sustituido por el Tribunal de Orden Público, creado por Ley de 2 de diciembre de 1963, cesando definitivamente en sus funciones en febrero de 1964. Durante toda su etapa histórica impuso un total muy cercano a las nueve mil condenas.

4.2.            Tribunales de Responsabilidades Políticas.

     Establecidos en la Ley homónima, de 9 de febrero de 1939, podemos considerarlos como el apéndice de la Jurisdicción militar, para aplicar penas o sanciones no carcelarias y medidas de seguridad, con duraciones entre seis meses y un día y seis años (salvo las que tuviesen carácter definitivo). Merece la pena enumerar los castigos que podían imponerse a tenor de dicha Ley: pérdida de la nacionalidad española; inhabilitaciones absoluta y especiales; extrañamiento; relegación a las posesiones africanas; confinamiento; destierro; pérdida total o parcial de bienes.

     Dos características muy importantes de la Ley eran las de no estar sujeta a las garantías de irretroactividad (podían sancionarse hechos u omisiones con fecha de inicio hasta octubre de 1934) y de no duplicidad de sanciones (ne bis in ídem), puesto que eran compatibles con las penas propiamente dichas, impuestas por Tribunales militares u ordinarios. Tampoco suponía una limitación para las sanciones de esta Ley el que hubiese fallecido el presunto culpable, recayendo entonces las consecuencias (en particular, económicas) sobre sus herederos.

     Los Tribunales de Responsabilidades Políticas existían a nivel Regional y Nacional (este último para resolver los recursos e inspeccionar y unificar los criterios de los Tribunales Regionales). A nivel provincial, se crearon Juzgados Instructores (cuyos titulares eran militares con título de abogado, nombrados a propuesta del Ministerio de Defensa) y Juzgados Civiles especiales (estos últimos, a cargo de un Juez o Magistrado nombrado por la Vicepresidencia del Gobierno, a propuesta del Ministro de Justicia). El Tribunal Nacional era nombrado por el Gobierno, siendo sus miembros: el Presidente; dos Generales o asimilados; dos Consejeros abogados de Falange Española Tradicionalista y de las JONS, y dos Magistrados de categoría no inferior a la de Audiencia Territorial. Los Tribunales Regionales, de libre nombramiento por la Vicepresidencia del Gobierno, estaban formados por un Presidente, Jefe del Ejército; un Magistrado o Juez de categoría mínima de ascenso, y un militante de la expresada Falange Española que fuera abogado.

     La vida activa de los Tribunales de Responsabilidades Políticas fue impresionante. Baste decir que en los primeros dos años y medio de actuación, incoaron unos 230.000 expedientes[14]. Consecuencia de ello es que, no tardando mucho, se quedaron sin trabajo. Por ello, un Decreto de 13 de abril de 1945 ordenó la extinción de esta Jurisdicción, sin perjuicio de que la liquidación de las ejecuciones pendientes llevase aún varios años (sobre todo, cuando se trataba de devolver a los justiciables el dinero y bienes que les habían sido improcedentemente incautados).




    
    
    

    



[1] Véase Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España, nº 3, publicado en Burgos, el 30 de julio de 1936.
[2] Se trataba del Código de 27 de septiembre de 1890, en su redacción entonces vigente. En realidad, los militares alzados prescindieron en todo momento de las reformas del Código de Justicia Militar introducidas por la República, como lo evidencia el propio Bando de 28-07-1936 y lo formuló expresamente la Ley de Seguridad del Estado, de 12 de julio de 1940.
[3] Véanse los arts. 57 y 61 de la Ley de Orden Público de 28 de julio de 1933, así como la aplicación del procedimiento de urgencia, incluso cuando fuesen competentes los tribunales no militares.
[4] El Régimen franquista nunca levantó expresamente el Estado de Guerra, aunque dio por bueno que el mismo había dejado de regir hacia 1946, o poco después. Para tan pintoresca e inadmisible omisión remito a Juan Luis Cano Perucha, Los bandos penales militares, Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, Madrid, 1983, página 314. El profesor José María Rodríguez Devesa, Derecho Penal Español. Parte General, 8ª edición, Madrid, 1981, página 173, nota 10, expone que la propia Presidencia del Gobierno juzgó no vigente ya el Estado de Guerra, en 1946. La Ley de Memoria Histórica de 26 de diciembre de 2007 se sintió obligada a hacer una derogación expresa del Bando de Guerra de 28 de julio de 1936, en su Disposición Derogatoria Única.     
[5] Recuérdese que la infracción por el Franquismo del básico principio de irretroactividad de las leyes penales llegó hasta extender muchos hechos punibles a la fecha límite de octubre de 1934.
[6]  El General Franco falleció el 20 de noviembre de 1975.
[7] Es decir, tener la categoría mínima de Comandante, o su equivalente en la Armada.
[8]  Este es el parecer del Fiscal, Carlos Jiménez Villarejo, La destrucción del orden republicano (apuntes jurídicos), Hispania Nova. Revista electrónica de Historia Contemporánea, nº 7 (2007), 515-544. Para las diferencias entre sumarísimos y sumarísimos de urgencia, Ignacio Tébar Rubio-Manzanares, Derecho penal del enemigo en el primer franquismo, edit. Universidad de Alicante, Alicante, 2017, página 36.
[9]  Esquematizo los trabajos citados en la nota 8 y, además: Eusebio González Padilla, La Justicia Militar en el Primer Franquismo, en Sociedad y política almeriense durante el régimen de Franco. Actas de las Jornadas celebradas en la UNED durante los días 8 al 12 de abril de 2002, edit. UNED, Madrid, 2003, págs. 155-166; Juan Antonio Alejandre, La justicia penal en la Guerra Civil, Revista de Historia 16, La Guerra Civil, fascículo 14, Madrid, 1986, 10 páginas. Para mucho mayor detalle, Eugenio Fernández Asiain, El delito de rebelión, Editorial Reus, Madrid, 1943.
[10]  A título de ejemplo de tal crítica, véase Miguel Gutiérrez Carbonell, La ilegitimidad del Derecho represor franquista, en la w.w.w. upfiscales, Derecho represor franquista, 21 Enero, 2011/Opinión. Se trata de una publicación póstuma, pues el Fiscal autor del artículo (probablemente el guión para una exposición oral) había fallecido en 2008.
[11] Puede consultarse, en este mismo blog, mi ensayo El Derecho y la Guerra de España (II): Los Tribunales Republicanos, sub epígrafe 3.3.
[12]  Su Presidente era un Teniente General o General de División. Dos vocales eran Generales del Ejército y otros dos, Auditores generales, uno del Ejército y otro de la Armada.
[13]  Para el régimen de recursos contra los Tribunales Populares y Tribunales Populares de Guerra de la República, véase mi ensayo citado en nota 11, subepígrafes 1.2 y 3.2. Allí se ve que la situación no estaba muy alejada de la irrecurribilidad, pero existían excepciones y matizaciones a esta.
[14] Véase Manuel Álvaro Dueñas, Por ministerio de la ley y voluntad del Caudillo. La jurisdicción especial de Responsabilidades Políticas (1939-1945), edit. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2006, pág. 265.